La democracia implica una inversión de recursos humanos, materiales y económicos para que pueda ofrecer certeza en su ejercicio. Para comprender los procesos que se llevan a cabo con el propósito de garantizar que tanto los resultados como los métodos utilizados para su obtención sean confiables, es necesario que exista la transparencia y que el acceso a la información esté a disposición de todos los mexicanos, ya sean instancias de gobierno, empresas privadas y, por supuesto, la ciudadanía.

La rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos debe ser congruente y comprobable, por eso es tan importante que exista un organismo descentralizado que sea depositario de la información generada y obtenida por entidades gubernamentales, y que, además, sirva de referencia para poder comparar los informes emitidos por tales entidades públicas.

La credibilidad se construye a partir de resultados y no es un acto de fe al que deban apelar los servidores públicos, por el contrario, deben estar en total disponibilidad de rendir cuentas y contar con bases confiables para que gocen de la confianza de la población. En este sentido, invertir en la transparencia es garantizar las bases necesarias que sustenten la paz y la justicia social, que son imperativas en el desarrollo de la nación.

Así, la transparencia es un factor indispensable para que la democracia exista. Que los procesos se lleven a cabo a la vista de todos y que no surja la mínima posibilidad de negociar en la penumbra de la ambigüedad.

¿Qué tan costeable es, entonces, vivir en la democracia? Depende qué tanto se valore la honestidad como un principio democrático. La corrupción es mucho más cara para el país, porque se pagan privilegios ilegales a cambio de la secrecía y la complicidad. Para la ciudadanía el costo de un proceso opaco no solo es de carácter económico, pues no debemos olvidar que se paga con los impuestos recaudados de las actividades productivas de los mexicanos, sino que también impacta en temas de educación y seguridad pública.

Si mantener un organismo que garantice la transparencia y la ponga a disposición de la ciudadanía es un problema económico para el Estado, es un hecho que no estamos viviendo en un régimen democrático y es probable que lo paguemos perdiendo el derecho a saber, a conocer y decidir.

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