Es que no cuadra la consistente lucha contra los contagios de covid-19 emprendida aquí en Tlaxcala desde marzo –reconocida ayer en Puebla por el subsecretario Hugo López Gattel, quien analiza si adaptan nuestro sistema a nivel nacional- con lo descuidados que se encuentran sectores como el de la Seguridad Pública. Hoy por ejemplo lloran amargamente la muerte de un elemento de la Policía de Santa Ana Chiautempan, quien se habría contagiado al auxiliar, sin la protección indispensable, a una persona de la tercera edad que se desvaneció en la vía pública debido a la gravedad de su contagio.

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Al magistrado “opositor” a Santa Lucía le reactivan una calumnia gestada por el empresario José María Riobóo sobre la imaginaria compra ilegal de una casa, lo que ya investigó de oficio y desechó a principios del año pasado el Consejo de la Judicatura Federal. Además, le inventan que posee inexplicables 80 millones de pesos, perversidad que lo deja en entredicho pero de paso empaña la imparcialidad del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, porque, sin averiguación de una cosa juzgada, el viernes condenó a un compañero de trayectoria impecable (30 años), cuyo principal problema hoy es padecer una enfermedad terminal (cáncer de páncreas que capotea sometiéndose a quimioterapia).

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