IMPUNIDAD O JUSTICIA

Desde hace algunos días en las comisiones unidas del Senado de la República, la de Justicia y Anticorrupción, y la de Participación Ciudadana, se llevaron a cabo las comparecencias de los candidatos(as) para ocupar el cargo de Fiscal Anticorrupción, En la última jornada de comparecencias, participaron las senadoras Marcela Torres Peimbert, Layda Sansores San Román, Cristina Díaz Salazar, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Ivonne Liliana Álvarez García; los senadores Héctor Yunes Landa, Jorge Aréchiga Ávila, Ricardo Urzúa Rivera, Jesús Casillas Romero, Enrique Burgos García, Ernesto Ruffo Appel, Héctor David Flores Ávalos, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Luis Humberto Fernández Fuentes, y la senadora independiente Martha Tagle Martínez; y el próximo 21 de marzo se remitirá a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) el dictamen que acredite la idoneidad de los candidatos que se evaluaron. Sin embargo se denota una total parcialidad en las y los senadores integrantes de las comisiones que llevan a cabo este proceso, incluso se dice que existió un Comité Ciudadano donde aparentemente algunas organizaciones en su gran mayoría como siempre son de la ciudad de México, quienes no representan la voz de las 32 entidades federativas del país, por lo tanto el proceso no fue ciudadanizado como pretenden hacer creer a la opinión pública mexicana.

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Si en un futuro queremos mayor competitividad económica en México, las políticas públicas de género hoy deben tener como primera prioridad garantizar que el ingreso de las mujeres empleadas alcancen finalmente el 100% de los ingresos de los hombres empleados en la misma actividad (como por ejemplo en Luxemburgo, Noruega, Singapur y Suiza durante el 2013). De acuerdo con el dato más reciente del IBGG, para ello deben aumentar los salarios estimados de las empleadas mexicanas alrededor de un 54% en todos los sectores de la economía.

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Se dice que el próximo lunes 13 de marzo del presente año se llevara a cabo un Foro de Fortalecimiento en materia de derechos humanos, que principalmente tendrá como objetivo el de fortalecer a la Comisión de Política Gubernamental en materia de Derechos Humanos, en su capacidad de coordinación, vinculación y articulación entre las dependencias, entidades, poderes y órganos autónomos de los tres órdenes de gobierno, a fin de promover de manera articulada, políticas públicas de derechos humanos, en el marco del cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano en esta materia.

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De conformidad con La Ley General de Salud, principalmente en el artículo tercero, fracciones VI, VII y XI, se mandata que corresponde al gobierno del estado de Tlaxcala por conducto del titular del ejecutivo, la salubridad local, así como planear, ejecutar, coordinar, organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general; y al organismo público descentralizado denominado régimen estatal de protección social en salud mediante el financiamiento y la coordinación eficiente, oportuna y sistemática de la provisión de los servicios de salud a la persona en el sistema.

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En el gobierno pasado del exgobernador Sánchez Anaya se trató de hacer algo similar pero finalmente fue parte de una estrategia propagandista y simuladora que nada tuvo que ver con una verdadera participación ciudadana; muchos años después el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, nos envía una señal de que los tiempos han cambiado y que la gobernanza ahora es una responsabilidad de todos(as), gobierno y gobernados, quienes juntos deben coordinarse y trabajar en los temas pendientes que harán de Tlaxcala un estado de habitantes con  pleno desarrollo, con legitimas oportunidades de empleo justamente pagado, fortaleciendo el sistema de salud para garantizar la vida plena, y dando mejores alternativas de educación a todo aquel hombre o mujer que decida prepararse profesionalmente.

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Durante muchísimos años un puñado de mexicanos(as) en varias entidades federativas del país hemos trabajado dentro del marco de leyes federales, estatales y municipales, y siempre nos hemos encontrado con la indiferencia de los servidores públicos tanto de dependencias federales como estatales y municipales, cuando cobijados con los derechos que nos garantiza nuestra constitución ejercemos el derecho de petición y de audiencia, con el fin de dialogar y exponer los diferentes temas de interés para la sociedad en su conjunto dependiendo de grandes necesidades de las y los ciudadanos que buscan el desarrollo integran de sus familias, pero a pesar de entregar por oficio la petición de audiencia la gran mayoría de estas autoridades con desdén guardan los oficios y no ofrecen lo que por ley se debe otorgar, y si no dan audiencia mucho menos se puede pensar en obtener respuesta a una decena de planteamientos sociales y de urgente y obvia resolución.

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