Las y los mexicanos tienen el derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, y es responsabilidad del estado su diseño y ejecución; así lo mandata el Artículo 4 párrafo siete, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.

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Desde los desastres naturales de 1985 las y los ciudadanos demostraron su amor por México, aportando siempre su mayor esfuerzo a cambio de lograr estabilizar a un país desbastado a cambio de nada, solamente fincando las bases para las presentes y futuras generaciones, estos trabajos siempre  los han realizado sin contar con las más elementales herramientas de trabajo, ante esta actividad y voluntad social los tres niveles de gobierno deberían aprovecharla y caminar a la par con esta clase de ciudadanos(as), pero por el contrario siempre los han visto como adversarios y nunca se coordinan para que juntos realicen un trabajo de altura, productivo y responsable; años después algunos ciudadanos bajo su propio costo y riesgo impulsaron algunas figuras jurídicas con el objetivo de estar sus actividades sociales dentro del marco de nuestras leyes para recibir estímulos, subsidios y subvenciones,  pero ni con estos esfuerzos y trabajos sin afán de lucro se ha logrado incidir en el ejercicio de las políticas públicas.

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El pasado miércoles primero de septiembre por medio de un propio, la Asociación Regional Liberación en pro de los Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Políticos, A.C., entregaron petición escrita dirigida a la Lic. Lorena Cuellar Cisneros, Gobernadora Constitucional del estado Libre y Soberano de Tlaxcala, aparentemente todo marchó bien, el único inconveniente fue que el personal de  la Secretaría Particular se negó rotundamente a firmar el acuse de recibo de dicha petición, argumentando que todavía no tenían sello y que no estaban autorizadas para firmar de recibido ningún documento; esta tramitología duró cinco horas ya que se les explicaba que su actitud era violatoria a derechos constitucionales de las y los tlaxcaltecas, pues toda petición escrita debe ser recibida oficialmente y contestada en breve término, contestación que debe ser fundada, motivada y legal, pero por más explicaciones y cátedra del derecho no se obtuvo éxito, solo se quedaron con la petición escrita sin acusar de recibido, además de supuestamente comprometerse a que en breve término se daría una AUDIENCIA a los directivos de la organización.

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Durante décadas la ciudadanía en el estado de Tlaxcala, no tenemos garantizado nuestro derecho a una pronta, expedita y gratuita procuración e impartición de justicia, por las tantas deficiencias de las autoridades tanto de la Procuraduría General de Justicia (PGJE), como las del Tribunal Superior de Justicia, que por cierto este último acaba de cambiar de presidente, pero como dice el dicho popular “salimos de Guatemala, para entrar a Guatepeor” ya que el que renunciaron fue siempre un personaje muy tibio para trabajar, pero muy hábil para negociar y solapar actos que violentan el estado de derecho; pero el que va llegando se dice que es movido y motivado por los caciques de antaño en el estado, y esto es grave, no podemos permitir que uno de los poderes más importantes en el estado sea rehén y al servicio de unos cuantos, y/o al servicio de delincuentes de cuello blanco.

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A 14 meses de la pandemia conocida como COVI-19, uno de los sectores más afectados ha sido del educativo, tanto docentes como alumnos suspendieron sus actividades, porque aunque se dice que desde casa se ha estado cumpliendo, es incierto, pues solo las familias con hijos en edad escolar han sido testigos de  lo tan difícil que ha sido para ellos el apoyar a sus hijos e hijas. No obstante esta difícil situación, las autoridades educativas tienen en el más completo abandono las instalaciones de los centros educativos.  

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