Por décadas como parte de nuestras actividades altruistas está el de  monitorear las 24 horas de los 365 días de cada año los proyectos y actividades en materia de Procuración e Impartición  de Justicia, y es lamentable para el pueblo de Tlaxcala que este derecho este siendo soslayado por dos instituciones encargadas de garantizar nuestros derechos constitucionales para alcanzar la justicia plena; nos referimos a la Procuraduría General de Justicia en el estado de Tlaxcala, así como al Tribunal Superior de Justicia, pues en ambos organismos hemos observado que a pesar de contar con un ejércitos completos de hombres y mujeres desde el que vigila la entrada a las instalaciones, el personal administrativo, el personal de intendencia, y todo el personal al servicio de las agencias del ministerios público y de los juzgados, así como los titulares de los dos organismos, la procuración e impartición de justicia es una utopía, a consecuencia de que sus resultados nunca han sido medibles ni monitoreados por el Titular del Poder Ejecutivo estatal, ni por gobierno alguno, en consecuencia existe un alto grado de burocracia, de ineptitud y de falta de profesionalismo e indolencia, en estos dos organismos.

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La ascendente carrera de la Lic. Anabell Ávalos Zempoalteca, es sin duda un claro ejemplo de que cuando se quiere se puede hacer mucho por Tlaxcala, a través de los diferentes cargos tanto federales como estatales y municipales ha demostrado con hechos su convicción de servicio en favor de los intereses de los distintos sectores de la población tlaxcalteca, y estamos seguros que su capacidad le permitirá desde la gubernatura del estado lograr el pleno desarrollo de los ciudadanos tanto en lo económico como en lo social, pues tiene la experiencia, el profesionalismo y la capacidad de dar respuesta a las grandes necesidades de los 60 municipios del estado. Estamos seguros que se enfrentará a grandes retos y dificultades pero también estamos convencidos de que si no todo su equipo la gran mayoría estará fortaleciendo su proyecto, y los cinco partidos que conforman la Coalición “Unidos Por Tlaxcala” harán lo propio, tanto en la promoción y vigilancia del voto, como en la difusión de sus muchos resultados enfocados en temas de salud, educación, cultura, autoempleo, apoyo a la vivienda, seguridad, proyectos productivos, de fomento a la economía familiar, y en apoyo a otros sectores tanto del campo como de las comunidades rurales, sin descuidar tampoco el sector empresarial, el de artesanos, indígenas, apoyos a personas con capacidades diferentes y adultos mayores, quienes todos han tenido cabida en su loable proyecto. 

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Ya casi cumplimos 24 meses de que diversos grupos en todo el país pugnaron y exigieron la sana participación de las mujeres en la vida pública del país en sus tres niveles de gobierno, sin embargo a lo largo de todo este tiempo todavía hay sectores que se resisten a dar vigencia y hacer efectivos  los derechos de las mujeres, se dice por datos oficiales del gobierno que en México existen más mujeres que hombres, en consecuencia son mayoría de votantes y resulta injusto que siendo mayoría no puedan ejercer sus derechos constitucionales de ser votadas para cargos de elección popular. Recordamos que fue en el año 1955 cuando por primera vez las mujeres ejercieron su derecho a votar y después de 63 años de espera, es de justicia que no solo voten, sino que también hagan efectivo su derecho a ser votadas, pues es una obligación del estado el dar plenitud a los derechos políticos de las mujeres, considerando que legalmente los derechos políticos también son derechos humanos de los mexicanos sin importar su sexo.

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Los partidos políticos en México, han utilizado el poder público como una forma de hacer fortuna, y su mejor instrumento son los procesos electorales, pues en cada elección nos dicen a los ciudadanos que son estas las formas de participar en la elección de sus gobernantes y contribuir a la democracia, pero la realidad es que el poder público surge de acuerdos y negociaciones entre las mafias del poder secuestrado desde hace muchos años por una elite al servicio de sus propios intereses. Y así lo confirma la historia desde el surgimiento de los partidos políticos.

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En México como en cualquier parte del mundo existen leyes que deberían normar las conductas de gobernantes y gobernados, sin embargo muchos gobernantes a su arbitrio y voluntad abusan del poder que el pueblo les confirió mediante su voto, los electores hombre y mujeres, cada tres o seis años votamos en favor de quienes nos representarán y gobernaran para que lo realicen de la mejor forma, y sobre todo que beneficien con sus acciones a todos los sectores de este país.  En las elecciones del pasado año 2018 se votó anhelando prosperidad y esperando una mejor vida para todas y todos los mexicanos, sin embargo hemos sufrido los grandes desaciertos que en más de dos años de este gobierno federal nos han dejado a la totalidad de los mexicanos(as) en una de las peores pandemias de  las últimas décadas, en  una crisis económica de valor incalculable y en un desempleo que azota a millones de mexicanos(as), pero estas circunstancias y crisis no son de interés para el gobierno central que está empecinado en obtener a como dé lugar más y más dineros públicos, empezó eliminando las guarderías infantiles, la desaparición de dependencias federales y junto con ellas miles de empleos, hoy si no tienes el sello de MORERNA o de la Cuarta Transformación (4T) no cuentas con ningún apoyo gubernamental ni mucho menos con algún empleo.

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Desde hace varias décadas los ciudadanos aglutinados en asociaciones civiles tratando de hacer efectivos los artículos 1, 8 y 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  se han organizado para realizar diversas actividades sociales sin remuneración económica alguna, y han aportado su granito de arena para la reconstrucción de este país, quedando claro que estas organizaciones son indispensables para la vida política de México, ya que son de alta incidencia pública, y trabajan en beneficio de los sectores más vulnerables, además de aportar el 3% del Producto Interno Bruto, así como generar empleos y mejores condiciones de vida para la sociedad en su conjunto.

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