Desde hace algunos meses el Gobierno del Estado de Tlaxcala, género un decreto para la supuesta protección de los defensores de derechos humanos y periodistas, sin embargo esta acción unilateral fue muy cuestionada por todos los sectores, sobre todo porque fue proyecto sin consenso y a modo; actualmente ya se realizan actividades en torno a crear una Ley de protección a defensores(as) de derechos humanos y periodistas, incluso a través de la Secretaría de Gobierno se abrió la convocatoria para recibir propuestas del 25 de abril al 6 de mayo del presente año, los distintos sectores de la población tuvimos la oportunidad de enviar nuestros puntos de vista y una propuesta de que debe incluir dicha ley y cuál sería el mecanismo de protección a utilizarse.

 

Estamos convencidos que para este proyecto de perfil tan delicado y de urgente necesidad es necesario impulsar juntos(as) una Subsecretaría como responsable directa del Titular del Poder Ejecutivo Estatal, que en verdad se haga responsable de la protección de las y los defensores de derechos humanos y de los periodistas que al ejercer sus legítimas actividades se ven expuestos a ser víctimas de los delincuentes de cuello blanco que planean y organizan las desapariciones forzadas, los secuestros, los injustos desplazamientos, prefabricación de delitos que nunca cometieron, de amenazas a dañar su integridad física, moral y psicológica, y hasta la perdida de la vida, todo esto por el único derecho de realizar actividades altruistas y de beneficio común que garanticen el disfrute efectivo de los derechos humanos.

 

Aprovechando esta convocatoria, los directivos de la Asociación Regional Liberación en pro de los Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Políticos, A.C., ya han entregado su propuesta en tiempo y forma, a través de la instancia y los canales señalados en dicha convocatoria. Y por ser de interés general y público les compartimos a través de este medió la propuesta en mención:

 

PROPUESTA

 

Ley de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas

 

Considerando que se identifica a los defensores de los derechos humanos y periodistas, como individuos o grupos que actúan para promover, proteger o luchar por la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales por medios pacíficos; Es urgente y necesario garantizar su protección.

 

Reconocer el papel clave de los defensores de los derechos humanos y de los periodistas en el ámbito político, social y cultural de nuestro país y estado es fundamental, puesto que son individuos que de acuerdo a nuestras leyes realizan acciones garantes del disfrute efectivo de los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los tratados jurídicamente vinculantes y en el sistema internacional de derechos humanos.

 

JUNTA DE GOBIERNO.- Grupo de expertos en materia de derechos humanos y periodismo, integrado por cuatro miembros con solvencia moral y amplia trayectoria, uno dedicado a los Derechos Humanos, otro dedicado al periodismo independiente, otro dedicado a la defensa de los derechos humanos de las mujeres, otro dedicado a defender el derecho al medio ambiente y los recursos naturales. Convocados y designados por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Quienes durarán en su cargo tres años, pudiendo ser reelectos por una sola vez.

 

CONSEJO CONSULTIVO.- Órgano autónomo e independiente, con patrimonio propio, integrado por seis miembros, cuatro provenientes de las Organizaciones Sociales del Estado de Tlaxcala, que serán nombrados mediante proceso de insaculación ante Notario Público, quienes no tendrán antecedentes de vínculo alguno con partidos políticos ni con los tres niveles de gobierno;  uno designado por el Poder Legislativo Estatal, y otro más, designado por el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala; todos con experiencia comprobada de diez años por lo menos antes de su nombramiento en materia de derechos humanos y periodismo. Quienes durarán en su cargo seis años.

 

COORDINACIÓN EJECUTIVA ESTATAL, y/o SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN A DEFENSORES(AS) DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS.-  Integrada por el Subsecretario(a), y/o  Director(a), por el Secretario Técnico, y por dos vocales, quienes durarán en su cargo tres años, sin poder ser reelectos. Y serán nombrados mediante convocatoria por el pleno del Poder Legislativo del Estado, y/o por la Comisión Permanente.

 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y CAUTELARES:

 

1.- Tener plenamente identificadas a las personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos, al periodismo independiente, a la defensa del medio ambiente y de los recursos naturales, así como a la defensa de los derechos de las mujeres; con tal de garantizarles su integridad física, moral y psicológica, así como su derecho al Libre Tránsito, a la Libre Expresión sin censura de ninguna índole, y al libre ejercicio de todos y cada uno de sus derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y en los Tratados Internacionales.

 

2.- Actuar de manera oficiosa cuando se conoce por algún medio de comunicación o denuncia expresa, sobre algún acto u omisión del servidor público ya sea federal, estatal, municipal o de comunidad, que atente contra los derechos de los defensores(as) y periodistas, enviando con carácter de urgente a la autoridad responsable el exhorto correspondiente, con el apercibimiento de que si persiste en dicha acción, se pondrá de inmediato a disposición de las autoridades judiciales para la aplicación de la ley.

 

3.- Organizar y ejecutar dos seminarios por año en materia de derechos humanos y periodismo, para adquirir y actualizar los conocimientos que nos permitan exigir el respeto irrestricto a nuestras leyes; con tal de garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos; con tal de promover la comprensión pública de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN URGENTES:

 

1.- El estado deberá considerar con carácter de urgente elevar a rango constitucional a los defensores de derechos humanos y periodistas, con el objetivo de otorgarles la protección más amplia y eficaz. Siendo responsabilidad del estado, el proteger el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos.  

 

2.- Dotar a los periodistas y defensores(as) de derechos humanos de las herramientas más indispensables y necesarias, con tecnología de punta, (medios de comunicación y de movilización) que les permita una comunicación fluida y eficaz, con los que integran el Consejo Consultivo, para que en caso de peligro a su integridad física, psicológica y a su propia vida, o en agravio de sus familiares, contar con el auxilio y la protección de inmediato por parte del estado. Siendo un deber del estado, el proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos.

 

3.- Dependiendo el alcance territorial de las acciones de los defensores(as) de derechos humanos, así como de las personas que ejercen el periodismo independiente, plural y objetivo, dar vista y hacer responsable a la autoridad ya sea federal, estatal, municipal o local, de lo que les pueda suceder en su integridad física, psicológica, de posesión, de propiedad, y de su propia vida. Garantizar que toda persona sometida a su jurisdicción pueda disfrutar en la práctica de todos los derechos y libertades sociales, económicos, políticos y de otra índole.

 

4.- Adoptar las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias para asegurar la aplicación efectiva de los derechos y las libertades.

 

5.- Proporcionar recursos eficaces a las personas que denuncien haber sido víctimas de una violación de los derechos humanos.

 

6.- Realizar una investigación rápida e imparcial sobre las presuntas violaciones de derechos humanos.

 

7.- Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de toda persona frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación negativa, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de sus actividades de defensa de los derechos humanos.

 

DERECHOS DE LOS DEFENSORES(AS) DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS:

 

a).- A procurar la protección y realización de los derechos humanos en los planos nacional e internacional;

 

b).- A realizar una labor en favor de los derechos humanos individualmente o en asociación con otros;

 

c).- A formar asociaciones y ONG;

 

d).- A reunirse o manifestarse pacíficamente;

 

e).- A recabar, obtener, recibir y poseer información sobre los derechos humanos;

 

f).- A desarrollar y debatir ideas y principios nuevos relacionados con los derechos humanos y a preconizar su aceptación;

 

g).- A presentar a los órganos y organismos gubernamentales y organizaciones que se ocupan de los asuntos públicos críticas y propuestas para mejorar su funcionamiento y a llamar la atención sobre cualquier aspecto de su labor que pueda impedir la realización de los derechos humanos;

 

h).- A denunciar las políticas y acciones oficiales en relación con los derechos humanos y a que se examinen esas denuncias;

 

i).- A ofrecer y prestar asistencia letrada profesional u otro asesoramiento o asistencia pertinentes para defender los derechos humanos;

 

j).- A asistir a las audiencias, los procedimientos y los juicios públicos para formarse una opinión sobre el cumplimiento de las normas nacionales y de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos;

 

k).- A dirigirse sin trabas a las organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales y a comunicarse sin trabas con ellas;

 

l).- A disponer de recursos eficaces;

 

m).- A ejercer legítimamente la ocupación o profesión de defensor de los derechos humanos y periodistas;

 

n).- A obtener protección eficaz de las leyes nacionales y estatales al reaccionar u oponerse, por medios pacíficos, a actividades y actos, con inclusión de las omisiones, imputables a los servidores públicos que causen violaciones de los derechos humanos;

 

o).- A solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto de proteger los derechos humanos (incluida la recepción de fondos federales, estatales y del extranjero).

 

 

 

CONVENIOS DE COOPERACIÓN Y FONDO PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS:

 

Los convenios deben impulsarse con organismos intergubernamentales del gobierno federal y del exterior, para aprovechar sus conocimientos y mejorar las prácticas de defensa de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, tales como el Alto Comisionado de Naciones Unidas, de Amnistía Internacional, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de la Universidad Iberoamericana, entre otros.

 

Respecto al Fondo de Protección; este debe incluir una edificación de un santuario y/o refugio totalmente equipado con tecnología de punta, donde se de asilo, seguridad y protección a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas vulneradas en sus derechos o que su vida esté en grave peligro. Así como garantizar la reparación de los daños a las víctimas de acciones u omisiones de los servidores públicos, que atentan contra el ejercicio de sus derechos, poniendo en alto riesgo su integridad física, moral y psicológica; o que por ejercer su actividades de defensa de derechos humanos y periodismo han sido víctimas de desaparición forzada, secuestro, privación ilegal de su libertad, e intimidación, hostigamiento, linchamiento moral, y amenazas.

 

DENUNCIAS Y SANCIONES:

 

Toda persona que se dedica a la defensa de los derechos humanos y a ejercer el periodismo independiente, plural y objetivo, tiene el pleno derecho de denunciar ante el Consejo Consultivo cualquier acto u omisión del servidor público que menoscabe la Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, con tal de que dicha denuncia sea atendida de inmediato ante tribunales federales que aplicaran la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, donde se consideran las sanciones correspondientes, que vienen siendo la separación de su cargo en forma inmediata, la inhabilitación hasta por veinte años, y el desafuero; para la consignación penal y/o civil que corresponda.

 

Isidro Sánchez Piedra,

 

Defensor de Derechos Humanos