Desde hace décadas en todo el país y en Tlaxcala existen hombres, mujeres, niños y niñas, que padecen las llamadas enfermedades degenerativas, y sufren a diario las 24 horas terribles consecuencias pues sus tratamientos son dolorosos y solo controlan pues no curan la enfermedad; nos referimos  al cáncer, a la diabetes, a la hipertensión arterial, y a los enfermos renales, todos ellos se encuentran en el más completo estado de indefensión, lo grave de todo esto es que además no cuentan con oportunidades laborales que les generen ingresos para la sobrevivencia de ellos y de sus familiares, aún así, tienen que ver cómo costear los traslados de sus domicilios a los centros de salud y/o hospitales  para ser atendidos con sus tratamientos respectivos, tampoco cuentan con servicio de ambulancia, ni con los recursos suficientes para sufragar los gastos de traslados cada tercer día que son decenas de kilómetros.

 

De fuentes dignas de crédito nos hemos enterado que tan solo en los municipios de Apizaco, Huamantla, San Francisco Tetlanohcan, Tetla de la Solidaridad, Nanacamilpa y Tzompantepec, son más de Dos Mil víctimas de estas enfermedades, algunos cuentan con servicios de seguridad social, otros tienen que pagar fuertes cantidades para que sean atendidos médicamente pues sus tratamientos son muy costosos, y tienen que elegir entre alimentarse sanamente o a falta de reales oportunidades suspender sus tratamientos y morir lentamente. Ahora que están de moda nuevamente los moches en el Congreso del Estado, es justo y necesario que el gobierno del estado considere integrar en el decreto de egresos del año 2022 una partida presupuestal para generar un Fondo de Apoyo a Víctimas de Enfermedades Degenerativas,  tales como Cáncer, Diabetes, Hipertensos, Complicaciones Renales, etc., pues para sus familias resultan ser esfuerzos titánicos, tanto morales, físicos y económicos que nunca han podido resolver, pues los familiares de miles unos se tienen que convertir en servicios de enfermería, prepararles los alimentos y estos tienen que ser nutritivos; estas personas con sus múltiples deficiencias pueden ser productivas pero el estado deberá realizar su mayor esfuerzo tanto gubernamental en especie y económico, pues cada una de estas familias requieren de un ingreso para hacerle frente a los altísimos costos de la canasta básica y aunado a esto su costosísimo tratamiento, se entiende que el estado nunca podrá sufragar en su totalidad estos múltiples gastos, pero si es justo y necesario que se comprometa a proporcionar medios de movilización, apoyo alimenticio, asistencia médica y tratamientos, así como los medicamentos respectivos, para por lo menos 500 víctimas de enfermedades degenerativas del estado de Tlaxcala, pues los servicios del INSABI se desconocen, no sabemos si los proporcionan y si los dan de forma integral; respecto al ISSSTE y Seguro Social no pueden atender a sus derechohabientes, mucho menos a los enfermos externos, hace pocos meses se solicitó la benevolencia del Seguro Social respecto a un derechohabiente con enfermedad renal que cotizo más de 500 semanas y en dos ocasiones se vio en la necesidad de familiares y amigos andar boteando para reunir los pagos anuales al Seguro Social, se acudió a las altas autoridades y después de cinco semanas enviaron la petición al Titular de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, en Tlaxcala, y en su ausencia tratamos de dialogar con la Coordinadora Delegacional de Salud en el Trabajo, Dra. Nayhelli García Alavez, subordinada de dicho funcionario, pero está de vacaciones y regresa a mediados de diciembre. Como usted comprenderá amable lector, los servicios de diálisis que se esperen, cuánta gente morirá por tanta negligencia médica, primero por las altas autoridades y después por las omisiones de las autoridades locales, hace cinco semanas se pidió como medida cautelar que se prestaran los servicios médicos al paciente LEOBARDO ORTEGA RAMIREZ, con número de seguridad social: 6197-720897—9, en tanto no se resolvía sobre su derecho a una Pensión por Invalidez, pero como nunca se encontró al Titular de la Jefatura, ni a su subordinada, se tuvo que acudir con la Dra. Belinda Sagrario Ortiz, asistente de la Coordinadora Delegacional, quien se negó rotundamente a otorgar este beneficio, hasta en tanto no se pagará el siguiente año de servicios 2022, por lo tanto no se tuvo éxito en la petición de la medida cautelar. Entendemos que quizás por la ley que los rige y su reglamento no están obligados, pero sí están obligados a garantizar el derecho a la salud que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga en su artículo cuarto párrafos tres y cuatro, pues esta es la ley suprema que obligadamente todos los gobernantes están obligados a cumplir y hacer cumplir.

 

C. Isidro Sánchez Piedra,

 

Defensor de Derechos Humanos