Es justo y necesario que en el estado de Tlaxcala se proceda a implementar una total revisión y restructuración de todas y cada una de las concesiones del transporte público, de los espacios en los mercados públicos, de los espacios en prensa, radio y televisión, pero también las concesiones que asignan a las notarías públicas, ya que por décadas y en un mar de corrupción estas concesiones han sido otorgadas a amigos, familiares, compadres e incondicionales de los tres niveles de gobierno y de líderes charros, impidiendo la participación de profesionistas y/o personas que realmente son merecedoras legítimamente de estos beneficios; uno de tantos ejemplos, se dice que en el municipio de Apizaco casi todos los poseedores de espacios públicos en los mercados Guadalupe y 12 de Mayo, en su mayoría son personas de otros municipios y hasta de otros estados, menos de Apizaco. Lo mismo sucede con las concesiones del servicio público que son otorgadas a incondicionales de los líderes charros y a sus familiares, así mismo este tipo de oportunismo se practica con la asignación de plazas laborales en el sector público de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, dando cavidad a un nefasto monopolio, que según la ley de nuestro país está prohibido.

 

Es justo y necesario que las nuevas autoridades próximas a ejercer el poder público diseñen un mecanismo transparente y eficaz, donde se impida esta práctica desleal, ventajosa y corrupta, que solo beneficia a un mínimo sector de cúpula, y discrimina a  gran parte de la población que legítimamente tiene el derecho de obtener este tipo de oportunidades que impulsaran su desarrollo y el desarrollo de sus municipios; en el caso de las patentes que se concesionan a través de la Ley del Notariado en el estado de Tlaxcala, dicha ley deberá ser reformada para evitar que los secretarios de gobierno en turno cometan abusos en la expedición de constancias para obtener una notaría pública, si los gobernantes cualquiera que sea su nivel desean quedar bien con sus incondicionales que no sea a costa de los intereses públicos y/o recursos públicos,  pues con estas acciones vulneran derechos de terceros y de la sociedad en general.

 

Se dice por parte del gobierno entrante que dará vida institucional y económica a la Secretaría Anticorrupción, este proyecto deberá ser regido por un organismo autónomo y con patrimonio propio, que tenga facultades sobre las actuaciones y omisiones de los servidores públicos de los tres niveles de gobierno, con capacidad de fiscalización y sanción; pues actualmente el órgano de fiscalización es letra muerta en el estado en contubernio con la comisión de finanzas del poder legislativo, que impulsan ambos, una red de complicidades en torno a las presidencias municipales y de comunidad, mucho menos actúan en contra de servidores públicos de otras instituciones como es su obligación. Se entiende que la austeridad republicana de la que tanto comenta el gobierno federal no será motivo de realizar más recortes presupuestales al estado de Tlaxcala, pues lo que en este momento se requiere son implementar mecanismos de control, de eficiencia, de transparencia y de productividad, y los que no acaten estas disposiciones sean sancionados conforme a las leyes aplicables.

 

En cuatro años ocho meses de desgobierno en Tlaxcala, solo se empezó a construir la ampliación del proyecto carretero y ninguna obra más se generó en ninguno de  los 60 municipios, existiendo mucho más rubros donde se debieron ejercer los recursos públicos federales y estatales, que quedaron sin atenderse y por tanto se afectaron los intereses de la población en general que padece de deficientes servicios públicos, nula atención a los contribuyentes y de los solicitantes que exigieron solución a sus demandas sociales; de enero a agosto del presente año lo más difundido y denunciado fue y es las inmerecidas plazas laborales otorgadas en el Congreso del estado de Tlaxcala, en las Presidencias Municipales, en el gobierno del estado, y en la famosa CAPAM donde se dice que hay un escandaloso déficit que afecta a la institución y a los usuarios del servicio de agua potable.

 

 

 

  1. Isidro Sánchez Piedra,

 

Defensor de Derechos Humanos