Durante décadas la ciudadanía en el estado de Tlaxcala, no tenemos garantizado nuestro derecho a una pronta, expedita y gratuita procuración e impartición de justicia, por las tantas deficiencias de las autoridades tanto de la Procuraduría General de Justicia (PGJE), como las del Tribunal Superior de Justicia, que por cierto este último acaba de cambiar de presidente, pero como dice el dicho popular “salimos de Guatemala, para entrar a Guatepeor” ya que el que renunciaron fue siempre un personaje muy tibio para trabajar, pero muy hábil para negociar y solapar actos que violentan el estado de derecho; pero el que va llegando se dice que es movido y motivado por los caciques de antaño en el estado, y esto es grave, no podemos permitir que uno de los poderes más importantes en el estado sea rehén y al servicio de unos cuantos, y/o al servicio de delincuentes de cuello blanco.

 

Hasta ahora los magistrados y jueces se dice que representan a intereses creados, muy ajenos al cumplimiento de la legalidad que exige una justicia pronta, gratuita y eficiente; los presidentes y los magistrados son constantemente removidos con el argumento de hacer más eficaz la impartición y la procuración de la justicia, pero en realidad solo han sido removidos por intereses de unos cuantos, pues lo que menos les ha importado son los derechos de la ciudadanía, por eso, ni la tecnología de punta ha logrado eficientar dichos servicios, pues la burocracia es su mejor estilo, ya que en cada uno de los juzgados tanto civiles, mercantiles, administrativos, penales y de lo familiar, hay cientos de pilas de expedientes que no se mueven en años, unos por falta de una efectiva defensa, otros por la excesiva burocracia en el estado procesal de cada causa, y muchos otros porque no hay recursos económicos para diligenciarlos.

 

Ante estas circunstancias es urgente y necesario se realice una rotación total de magistrados, jueces, secretarios y proyectistas, pues los servidores públicos que ya tienen muchos años trabajando en el poder judicial no han dado resultados eficaces y contundentes, los jueces llegan a  las 11 de la mañana y se retiran a las dos de la tarde, y a esto se debe su muy baja productividad, pues toda la carga de trabajo la dejen en manos de los proyectistas, de los secretarios y del personal administrativo, quienes en su mayoría por tener tantos años trabajando en esas áreas ya han hecho compromisos ancestrales en agravio de las víctimas, quienes para agendar las diligencias en campo siempre piden esperar más de dos semanas y hasta meses, y la garantía de traslado a cuenta y riesgo de las víctimas del delito y/o interesados(as). Los magistrados, jueces y personal administrativo deben tener un horario mínimo laboral de ocho de la mañana a tres de la tarde de lunes a viernes, con el objetivo de eficientar y rendir más productividad en la procuración e impartición de justicia y crear bonos de productividad para estimular a quienes más y mejor trabajen, pero también sancionar a quienes no estén cumpliendo con sus más elementales obligaciones. Así mismo hay que implementar mecanismos suficientes para terminar con los llamados “coyotes” que son personas que se dedican a litigar sin título pero que cobran muy bien sus supuestas actividades profesionales, quienes tienen la fortuna de llevarse muy bien con los proyectistas y secretarios de los juzgados.

 

El Consejo de la Judicatura del estado de Tlaxcala, deberá ser integrado en su totalidad por personas totalmente independientes del Titular del poder Ejecutivo Estatal y del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, además de contar con probada honorabilidad y de fama pública y de experiencia, pues hasta hoy las personas que lo integran son incondicionales de magistrados y jueces, por lo tanto sus actividades son muy parciales y burocráticas, en perjuicio de la ciudadanía en general.

 

C. Isidro Sánchez Piedra,

 

Defensor de Derechos Humanos