Durante muchos años nuestro país sufre una tremenda hambruna a consecuencia de que cada año se aumentan los precios de la canasta básica y el mísero salario mínimo es de 142 pesos al día,  igual a $3,124. (Tres Mil Ciento Veinticuatro) por mes; cuando que para obtener la canasta básica mensual se necesitan aproximadamente $ 20,000.00 (Veinte Mil Pesos) sin considerar gastos médicos, gastos de luz, agua, gas, y gastos de traslados a sus centros de trabajo, y de su trabajo a su vivienda, aunado a estos gastos también hay quienes tienen que pagar una renta mensual por su vivienda. Todavía más grave es tener pleno conocimiento de que hay millones de trabajadores que ni el salario mínimo obtienen producto de su trabajo y obviamente estas personas aun trabajando doce y hasta catorce horas al día viven en la extrema pobreza; los empresarios casi todos siempre han solicitado un sinfín de requisitos imposibles de cumplir que en costos oscilan en varios miles de pesos por cada aspirante a obtener un empleo, pero también la famosa edad tiene mucho que ver para obtener un empleo pues la gran mayoría de empresas ofrecen empleo solo a personas de tienen entre 18 y máximo 35 años de edad, por lo tanto los que tienen más de 35, 40, 60 y hasta 70 años quedan totalmente excluidos de obtener un espacio laboral, sin embargo sus obligaciones en el pago de impuestos siguen vigentes, pero sus derechos se pierden a esa edad.

 

Esta pandemia laboral también se padece, pero más y en forma despiadada con los integrantes y directivos de las organizaciones sociales de Tlaxcala, y con los de organizaciones de la Sociedad Civil en todo el país, quienes son objeto de doble exclusión, primero por su edad y segundo por ser integrantes o directivos de asociaciones civiles, a quienes se les priva el derecho de obtener un empleo tanto en el sector público como en el privado, existen leyes federales y estatales que los protegen pero nunca son aplicadas por no convenir a los ilegítimos intereses de los gobernantes en turno. Curiosamente los gobiernos actuales lejos de resolver la problemática económica, social y cultural de nuestro país, practican a diario el ser candiles de la calle y oscuridad de su casa, pues mientras los impuestos de las y los mexicanos son insuficientes para satisfacer las necesidades más básicas de un país, el gobierno federal otorga dineros públicos a los países de Centro América, y la pregunta obligada ¿Que los habitantes de esos países no pagarán impuestos a sus gobiernos? Nunca ha sido así, pero si así fuera, esta labor de apoyo corresponde a la Organización de Naciones Unidas y no a un país empobrecido como el nuestro; donde se sigue padeciendo un gobierno rico y un pueblo pobre, porque la austeridad republicana solo es un mito más en este país.

 

Por este conducto nos dirigimos a los tres niveles de gobierno para solicitarles con carácter de urgente doten de fuentes de empleo con salarios dignos y suficientes a las y a los mexicanos, e incluir en este beneficio a este importante sector de la sociedad civil, que por muchos años ha aportado su fuerza de trabajo (labor filantrópica – social – no lucrativa) a todo un país y en cada una de las entidades federativas. Sin embargo el gobierno para eludir su responsabilidad tilda a este sector social de intermediarios y gestores.

 

Otro tema que genera pobreza en México, es la corrupción, pero se dice en forma reiterada que ahora si se acabara, pero vemos con desilusión que con sus supuesta acciones nunca tocan el corazón de la corrupción solo podan el arbolito, pues nunca han trabajado de fondo en este problema que seguiremos padeciendo por muchos años más, ya que este mal viene desde las entrañas del poder público conocida como delincuencia de cuello blanco, misma que no roba pesos o centavos, si no Billones de pesos que van a parar a las cuentas bancarias de esos delincuentes, y la pregunta obligada ¿Dieciocho Billones de Pesos en tres años, Donde se han aplicado? y sin contar los ahorros que han generado en demasía, ni los fondos de la cartera secreta, tampoco el producto de las multas, sanciones, recargos y deudas de impuestos atrasados a muchos empresarios.

 

 

 

  1. Isidro Sánchez Piedra,

  Defensor de Derechos Humanos