Tiemblan los saqueadores del patrimonio de todos los mexicanos ante la proximidad de un decreto que penaliza la venta, daño, destrucción y otras formas de afectar edificios, vestigios, maquinaria, instalaciones, todos ellos propiedas de los mexicanos.

 

Tlaxcala es un estado donde sexenio tras sexenio desaparecían obras de arte sacro, estatuillas, fuentes, incluso los candiles y tramoya de un teatro.

 

Se esperan penas ejemplares para aquellos que en forma abusiva y aprovechándose de sus posiciones tanto en el gobierno federal y en otras instancias, alimentaron un impresionante tráfico de piezas que nunca debieron salir del país o pasar a formar parte de particulares a través de casas de subasta, dentro y fuera de México.

 

Verdaderas fortunas con este tráfico de obras de arte permitieron lo mismo a funcionarios públicos que a religiosos amasar fortunas, incluso adquirir de forma ventajosa e indebida propiedades contiguas o próximas a monumentos históricos.

 

Varios ejemplos de esos abusos se encuentran en la zona adyacente al Complejo Catedralicio de Nuestra Sra de la Asunción, considerado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.

 

Hay desde daños susceptibles de resarcir hasta viles y descarados robos que datan desde la misma desaparición de la corona de la Virgen  de Ocotlán, con una impresionante historia que documenta el empeño de dicha joya, propiedad de los tlaxcaltecas a un particular.

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La desaparición de la fuente de cantera de la casona donde hoy se asienta la Pinacoteca del estado es otro ejemplo de saqueo, así como el despijo de los talleres del Ferrocarril  en Apizaco, los cuales pasaron de ser un bello e irónico espacio apreciado por ese gremio, a un centro comercial operado por particulares a través de la sucia maniobra de un gobernante tlaxcalteca.