Los conflictos municipales que se han vivido en estas semanas no dejan de sorprendernos y hasta “acostumbrarnos” dado que las razones a este tipo de problemas casi siempre caen dentro de las variables independientes, estadísticamente hablando, en nuestra realidad local.

 

Como todo fenómeno social, el conflicto municipal nunca está en función de una sola causa; es decir, se entrelazan muchos factores: económico (desvío de recursos públicos), género, político (partido político ganador), social (comportamientos violentos) legal (actos ilícitos), etcétera. Sin embargo a nuestra hermosa ecuación [Y=X1+X2+X3…..Xn] se discriminarán variables. Por ejemplo, argumentar que los conflictos municipales suceden en los ayuntamientos gobernados por el partido político X; o que sólo a los gobernados por el género masculino; o aún peor, sólo es por desvío de recursos.

 

Los municipios que ahora están en conflicto pertenecen a los partidos políticos de Encuentro Social (Ixtenco y Calpulalpan), Acción Nacional (Axocomanitla), Revolucionario Institucional (Españita) y Alianza Ciudadana (Xaltocan), según resultados electorales del proceso electoral ordinario 2015-2016. Por lo que ningún partido político es la variable excluyente en nuestra fórmula; es decir: el conflicto no depende del partido político en el gobierno municipal. Tampoco lo es el género. Axocomanitla es uno de los municipios gobernados por una mujer. Y a esto recuerdo el reclamo que circuló en redes sociales cuando Rosario Robles recientemente compareció en la Cámara de Diputados: “la corrupción no tiene género”. Ixtenco, Calpulalpan y Axocomanitla tienen la variable económica; es decir, uso y transparencia del recurso púbico; mientras que Españita y Xaltocan tienen la variable social; esto es, uso de la violencia y participación en una actividad ilícita (asalto).

 

Los conflictos municipales no son nuevos, hemos sido testigos de éstos en el pasado por el factor económico público. No tan lejos está 1996 cuando se crearon 16 nuevos municipios precisamente porque no llegaba el recurso público en tiempo y forma. Esta variable es la que mayor impacto tiene en nuestra sociedad, porque si bien, los presidentes municipales en funciones, antes de ganar la elección enarbolaron una bandera partidista con un discurso de campaña de “cambio” y “de desarrollo social para la comunidad”, y más promesas incumplidas en lo que vamos del año (más los dos años y pico de gestión). No obstante, una vez ganada la elección municipal los partidos políticos dejan a los presidentes a su suerte y dicha gestión se convierte un caos anunciado por el capricho personal del edil en turno en la aplicación de la Ley Municipal para el Estado de Tlaxcala. Casos de nepotismo, corrupción, salarios diferenciados, obras inconclusas, gastos injustificados, obligaciones de transparencia sin actualizaciones, etcétera son algunas de causas por la que la ciudadanía protesta y con justa razón.  Aunado a esto, se suma el comportamiento público de estos funcionarios; dado que su papel como representantes de una institución pública tan cercana a la ciudadanía y a los problemas cotidianos de nuestras localidades (contaminación, deforestación, falta de espacios de culturales, ambulantaje, inseguridad, prostitución), se esperaría que fueran figuras respetables por el simple hecho de que son de la comunidad.

 

Lo que me lleva a cuestionar si sus cursos de capacitación y formación política que los partidos políticos llevan a cabo les funcionan y del cual tienen un presupuesto público asignado mensual que al menos en el ejercicio fiscal 2017 asciende a $47,749,738.00 pesos mexicanos, según datos oficiales y que la parte asignada se emplea para ello o al menos para cursos de liderazgo, o ya de plano de autoestima.