¿ESTOY OBLIGADO A CUMPLIRLA?

 

Para quienes lo hayan olvidado o de plano nunca se enteraron, recordemos que, durante la administración, del entonces presidente, Felipe Calderón, se realizaron múltiples reformas en torno a erradicar ciertas prácticas delictivas que dañan a la economía nacional, entre esas reformas, en 2012, se promulgó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), popularmente conocida como Ley Antilavado de Dinero.

 

Desafortunadamente, por las circunstancias de aquellos años (la lucha en contra del narcotráfico y la delincuencia organizada), se creyó que dicha ley estaba dirigida exclusivamente para aquellas personas dedicadas al narcotráfico, secuestro, trata de personas, etcétera; sobre todo, porque el entorno mediante la cual se dio a conocer por diversos medios de comunicación, condujo el desconocimiento del contenido de la norma y en especial para quien estaba dirigida. Desconocimiento que ha perdurado hasta estos días. 

 

Concepto de Lavado de Dinero

 

Antes de saber el objeto y para quienes va dirigida la LFPIORPI, es preciso señalar que se entiende por Lavado de Dinero, evitando un significado etimológico, se entiende que el lavado de dinero es la acción de dar apariencia legal a los recursos que provienen de actividades ilícitas (tráfico de estupefacientes, contrabando, defraudación fiscal, y demás actos que la ley considera como delitos).

 

Dicha acción (lavado de dinero) se encuentra tipificada en nuestra legislación penal, ya sea en el ámbito federal o local, bajo el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.  

 

Objeto de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

 

En ese sentido, veamos, el propósito de la ley antilavado, como su propio nombre lo dice, está enfocada para realizar actos de prevención e identificación de los recursos económicos provenientes de actividades ilícitas, con la finalidad de recabar elementos para la investigación de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y por supuesto, evitar el uso de dichos recursos para su operación delictiva.

 

Lo anterior, para salvaguardar el sistema financiero y la economía nacional, al establecer las medidas y procedimientos preventivos, así como, de identificación los actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.

 

Si bien el contenido de la ley antilavado establece una labor conjunta tanto del gobierno como de los ciudadanos para combatir dicho mal social, también es cierto que, esa norma, impone a los particulares la obligación de efectuar actos de prevención e identificación sobre los recursos que este perciba conforme a la actividad económica que desarrolla.

 

Es decir, aquellas personas que prestan algún servicio o enejan algún bien, deberán contar con los medios idóneos preventivos para que puedan identificar que los recursos que estos perciban no provengan de alguna fuente de procedencia ilícita, pues de no llevar acabo las medidas preventivas, dichos particulares podrán ser acreedores a las sanciones que la propia ley antilavado establece y en su caso, de los delitos que puedan derivarse.

 

Personas obligadas a observar la ley.

 

Ahora bien, la carga de prevención no está contemplada para todas las personas que efectúan alguna actividad económica, sino, solamente para aquellas que, a consideración de la misma ley, su actividad comercial es proclive a obtener recursos cuya fuente sea de procedencia ilícita, las cuales han sido denominadas como actividades vulnerables.

 

En ese sentido, tiene la obligación de observar y cumplir cabalmente con la LFPIORPI, las personas, ya sean físicas o morales, que efectúen las actividades siguientes:

 

      Entidades financieras (bancos, aseguradoras, afianzadoras, casas de bolsa, caja de ahorro, etcétera).

 

      Quienes realicen actividades de juegos con apuestas, sorteos, concursos, (casinos).

 

      Quienes emitan o comercialicen tarjetas de servicios, lealtad, regalo, crédito, monederos electrónicos, prepago, o cualquier otro nombre que les den y no hayan sido emitidas por entidades financieras, (tiendas departamentales o servicios).

 

      Quienes emitan o comercialicen cheques de viajero.

 

      Quienes otorgan préstamos, créditos u operaciones de muto con o sin garantía, distintas a entidades financieras, (casas de empeño).

 

      Quienes ofrecen servicios para la construcción o desarrollo inmobiliario, así como aquellos que sean intermediarios en la enajenación o constitución de derechos inmobiliarios. (constructoras, ingenieros, arquitectos, agencias o agentes inmobiliarios).

 

      Quienes comercializan metales o piedras preciosas, joyas o relojes, o sean intermediaros en las operaciones de compra o venta de los mismos, (joyerías, relojeros, agente de ventas de dichos bienes, valuadores).

      Quienes comercializan o subastan obras de arte, o sean intermediarios en las operaciones de compra o venta de los mismos (galerías de arte, escultores, pintores, agente de ventas de dichos bienes, valuadores).

 

      Quienes comercialicen o distribuyan vehiculaos terrestres, aéreo o marítimos ya sean nuevos o usados (fabricas, armadoras, agencias automotrices).

 

      Quienes presten el servicio de blindaje de vehículos terrestres nuevos o usados.

 

      Quienes presenten el servicio de traslado o custodia de dinero o valores (seguridad privada).

 

      Quienes presten servicios profesionales de manera independiente (abogados, contadores, administradores, financieros, bróker).

 

      Quienes presenten los servicios de fe publica (notarios, corredores, jueces, secretarios, o cualquier otro servidor que por ministerio de ley tiene fe pública).

 

      Quienes perciban donativos (asociaciones o sociedades sin fines de lucro).

 

      Quienes prestan el servicio de comercio exterior (agentes o apoderados aduanales).

 

      Quienes constituyan derechos de uso o goce de inmuebles (arrendamiento).

 

      Quienes administren, operen, realicen acciones de compra o venta, custodien, almacenen o transfieran activos virtuales. (Exchange, Trader, Forex, criptomodenas).

 

Todas las personas que realizan las actividades ya mencionadas tienen la obligación de crear expediente de identificación, llevar registros, presentar los avisos correspondientes ante las autoridades, contar con el almacenamiento de información, así como manuales de operación, y en su caso, contar con representante que tendrá la responsabilidad de que se cumpla con las obligaciones determinadas por la ley antilavado; todo ello para detectar y combatir, por conducto de las autoridades, las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

 

Si tienes alguna duda o comentario sobre este tema o los anteriores, no dudes en contactarme vía Twitter en @miguel_angel_fp o por correo electrónico en Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..