¿Quién es el responsable cuando se comete un delito en una empresa?

 

A partir de la entrada en vigor del sistema de justicia penal en nuestro país, hubo un sinfín de instrumentos legales que sufrieron cambios, con los cuales ahora las personas jurídicas pueden ser investigadas, imputadas, procesada y sentenciadas por la comisión de un hecho que sea considerado como delito.

 

Esto es, las empresas, a partir del 17 de junio de 2016, son penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen y que, además existió inobservancia en el debido control en su organización, con independencia de la responsabilidad penal en la que incurra sus representantes, administradores, socios o accionistas de hecho o de derecho.

 

Es decir, el Ministerio Público podrá ejercer acción penal en contra de las personas morales, así como de las personas físicas que estuvieran involucradas en la comisión de un hecho considerado como delito.

 

Lo anterior significa que, cualquier persona en el seno de la administración de un ente colectivo ya sea de hecho o de derecho, así como cualquier empleado del mismo, cometa un delito al interior de la empresa, siempre y cuando no se hubiera ejercido un debido control, tendrá como consecuencia la responsabilidad penal para la persona jurídica.

 

Cuyas sanciones, para la persona moral, irán desde una multa económica hasta la pena de muerte, así como lo lee, podrá ser acreedora una empresa a “la pena de muerte” (entiéndase como la disolución judicial de la sociedad) por ser penalmente responsable, además de las sanciones que le sean aplicables por el delito cometido.

 

La posibilidad de atribuir la responsabilidad penal directa a una persona moral se sustenta en un “defecto de organización empresarial”, esto es, la falta de un debido control. Entiéndase como un debido control, la implementación tanto al interior como al exterior de la persona jurídica de un programa de cumplimiento normativo también conocido como compliance.

 

Por tanto, la ausencia de medidas de control adecuadas para evitar algún delito es el núcleo de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo que se traduce en la importancia de que las empresas cuenten con un modelo de compliance con la finalidad de atenuar o deslindar su responsabilidad y así evitar una sanción que pueda repercutir en sus operaciones.

 

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