A mediados de semana, el titular del Ejecutivo de Tlaxcala, deberá remitir al Congreso del Estado el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2019, conforme a la normatividad en la materia, lo más seguro es que en dicho documento no cambien sustancialmente las cosas ya que, año con año, el destino de los recursos públicos tiene ya un esquema de políticas públicas establecido;fue en el año 2016 cuando el Ejecutivo Federal anuncio la elaboración del presupuesto “Base Cero” esta es una técnica presupuestaria de revaloración de todos los programas y gastos,bajo esta técnica todo debe justificarse apartir de cero,asumiendo que toda actividad debe someterse al análisis: costo-beneficio concluyendo con alternativas de varios niveles de servicios y costos,con la salvedad de que las partidas presupuestales aumentan en el porcentaje de inflación, con respecto al año anterior.

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Desde hace treinta años el modelo económico neoliberal en el que ha prevalecido en las políticas públicas de los Gobiernos priistas de fin de siglo, los dos Gobiernos panistas del inicio de esta centuria y en el caso de Peña Nieto y su Gobierno por concluir profundizaron el modelo con la tutela del Pacto por México y las reformas, estructuras instrumentadas como un logro excepcional, quizá con resultados macroeconómicos positivos, según los dictados de la Banca mundial, pero poco visibles y reales, en la economía doméstica de las familias mexicanas.

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Dos meses después de haberse instalado como LXIII legislatura local, los diputados que la integran aprobaron por unanimidad un punto de acuerdo para derribar los muros que con la remodelación de tan mal gusto estético y arquitectónico, realizaron quienes los antecedieron; con el rechazo generalizado no solo de diversos sectores de la población; también de reporteros, comunicadores y hasta empleados al servicio del poder legislativo. “La casa del pueblo” que durante más de dos décadas se caracterizó por su fácil acceso y trato personal  con representantes populares  se había convertido en un “bunker” infranqueable y con muros en su interior llamados “de  la ignominia”.

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El concepto de gerente aplicado a aquellos dirigentes de países llámese presidente o primer ministro se acuño a finales del siglo pasado, para quienes se alineaban a dictados de organismos financieros (FMI, BANCO MUNDIAL, entre otros) en sus políticas nacionales.

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La figura jurídica de juicio político en Tlaxcala se remite a poco más de tres lustros, quince años, tiempo en el que diferentes legislaturas locales han formado la comisión ordinaria respectiva para atender los casos solicitados, sin que hasta ahora en ese tiempo se haya procedido al desafuero y sanción correspondiente contra aquellos funcionarios cuya actuación irresponsable amerite un castigo con base en la ley respectiva (de responsabilidades). Los intereses políticos “cruzados” de las últimas cinco legislaturas locales  impidieron su actuación cuando así fue solicitado, pero también porque nunca se mostro interés por establecer un procedimiento normativo, un reglamento para proceder jurídicamente en un juicio que no por ser político debe de tener un sólido basamento jurídico que le dé certeza a la decisión sobre todo si es sancionatoria que es llevada a votación del pleno del congreso en su etapa final de procedimiento.

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Las elecciones federales y locales del pasado 1 de julio, además de contundentes por el triunfo arrollador de MORENA – AMLO, dejan un mapa electoral del país monocolor en la representación nacional (ejecutivo y legislativo) y variopinto en su representación local donde se conjugan colores de tres fuerzas políticas (MORENA, PRI, PRD), una ascendente y dos en franca caída, en el caso federal, se concretará como gobierno el 1 de diciembre y  en los casos locales la ocupación de cargos está siendo gradual, según sus propios calendarios políticos. Salvo el caso Puebla de su gubernatura, para fin de año prácticamente estarán en sus cargos todos los elegidos en la histórica elección de mediados de año.

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Aún cuando estamos a mes y medio del inicio formal del gobierno de AMLO y con ello su proyecto de la cuarta transformación del país, en Tlaxcala, la mayoría de la nueva legislatura LXIII conformada por MORENA, PT, y Encuentro Social, pareciera no entender (o quizá ni cuenta se den), que su actuación hasta ahora, en el mes y medio también de funciones va en sentido contrario al espíritu de coalición que lleva en el nombre “Juntos Haremos Historia”.

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Ojala y nuestros diputados locales de la LXIII legislatura, después de la ceremonia conmemorativa de un siglo de nuestra Constitución, entiendan que hoy Tlaxcala los requiere como parte de Gobierno y no solo como contrapeso político o de oposición, sobre todo por tratarse de una mayoría que hoy controla el Gobierno Federal y en los Congresos locales MORENA y sus aliados son mayoría en dos terceras partes del país.

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Los niveles de escandalo por corrupción en nuestro país, son de tal magnitud que se requeria medidas  legales e institucionales que ataquen de fondo, de raíz el fenómeno que a decir de especialistas afectan alrededor del 10% del PIB. Se trata pues de un asunto a legislar pero también de fiscalías  y tribunales que sancionen el ilícito pero también de medidas para que lo robado pueda y deba ser devuelto por el infractor o en su caso quien presta su identidad para concretarlo.

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Un mes antes en la instalación de la LXIII legislatura de Tlaxcala, Marco Mena dejó plantado a los legisladores locales con mayoría amplia de MORENA, lo que era un mensaje contrario a lo que el gobernador había definido el 5 de julio luego de la elección que apabullo al PRI nacional pero que Tlaxcala había sido catastrófica, para el partido oficial y gobernante.

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La LXIII legislatura de Tlaxcala que inició funciones hace tres semanas, es ya parte de la historia política local, por el solo hecho de haber logrado una mayoría en 14 de 15 distritos electorales locales con candidatos de la coalición “Juntos haremos historia” con MORENA como partido eje y sus aliados PT Y PES, los otros partidos ocupan hoy 17 de 25 espacios legislativos.

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