Una de las notas finales del segundo periodo legislativo de la LXIV Legislatura de la cámara de diputados federal, fue el hecho de que no se alcanzó la votación suficiente para que se aprobara una reducción al 50% del financiamiento público a los partidos políticos.

 

En términos más puntuales, pero quizá no tan claros para los ciudadanos de a pie, la iniciativa de reforma al artículo 41 constitucional, planteada por morena desde marzo de este año que agoniza, tenía el fin de reducir de 65 a 32.5 por ciento, el multiplicador de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que se utiliza para otorgar el financiamiento público a nuestros partidos políticos.

 

Y digo a nuestros partidos políticos, porque eso son, por ser dice la Constitución entidades de interés público.  No son empresas privadas. Son, lo sabemos los sociólogos que partimos, para el análisis político, de postulados como el de Max Weber, uno de los elementos más importantes del Estado moderno, racional, burocrático y democrático.

 

Mucha literatura académica o científica hay en la materia.  De hecho, el de los partidos, es uno de los grandes temas desde la Ciencia y la Sociología política. Y particularmente su financiamiento es importante porque sus gastos de manutención deben ser transparentes, en la idea de que dinero ilícito, puede colarse y que en un momento dado, dinero sucio con orígenes del narcotráfico por ejemplo, pueda determinar quiénes serán nuestros gobernantes.

 

Por este problema, es que en el México de la primera mitad de la última década del siglo XX, se tomaron medidas importantes, en la reforma electoral de 1996, para darle más peso al financiamiento público que al privado.  Muchas son las historias, incluso después de ello, de cómo grupos delincuenciales, organismo corporativizados al oficialismo, o empresarios, invertían apoyando a los partidos y sus candidatos.  Haciendo que se piense que para participar, como uno de ellos, debe tenerse dinero para gastar por ejemplo en campañas.

 

Y así mismo, el conformar un partido político en México, tiene todavía, no sólo el atractivo de poder postular candidatos a los cargos públicos, sino además el de que pueden recibir un financiamiento público ordinario para sus tareas de organización y divulgación ideológico-programáticas.  Los partidos como negocios particulares, y hasta familiares, con recursos públicos, se dice desde el sentido común.

 

Porque hay que preguntarse, a pesar de que la respuesta pueda ser obvia, a qué han destinado principalmente los partidos políticos mexicanos, casi todos, para no decir todos, ese financiamiento.  Pues lamentablemente para sostener burocracias parasitarias con salarios, de sus dirigentes nacionales centralmente, privilegiados.  Quienes hemos laborado en ellos podemos contar cientos o miles de historias.  Miembros de Comités Ejecutivos locales, me consta, que literalmente no hacían (hacen) nada, pero que puntualmente cobran cada quincena un nada despreciable ingreso.   Partidos burocratizados en el sentido negativo de la palabra, con nóminas abultadas de personas cobrando dinero público, sin beneficio a la ciudadanía.

 

Y luego en tiempo de procesos electorales, también hay un financiamiento extraordinario ex profeso para ello.  Dinero que se va, igual de manera lamentable, en burocracias de campaña ineficientes, a medios de difusión inútiles y en vulgar basura electoral (spots, carteles, espectaculares, pegotes y demás linduras).

 

Lo que estaba en juego entonces con la iniciativa no aprobada era mucho para pensar en un país que se manifestó cansado de esta situación en las urnas el 1 de julio de 2018.

 

Lo explica muy bien en un tuit, la diputada Tatiana Cluthier, una de las impulsoras de la iniciativa.  Una medida loable, que buscaba la equidad en las contiendas electorales, degeneró en un abusivo financiamiento público a los partidos, que hicieron que para el 2011, México fuera el país que mayor subsidio les daba en América Latina; y que de 2009 a 2017, ese presupuesto se haya incrementado en un 21%, gracias a lo establecido en el artículo constitucional mencionado.

 

De haberse aprobado la iniciativa morenista, para el 2019 el gasto de 4,965 millones de pesos, se habría reducido a 2,482.  Obligaría esto, dice la diputada, a que los partidos fortalecieran la democracia mexicana, al depender más de sus afiliados y simpatizantes que del dinero.  Quienes participamos en esto desde hace unos treinta años en la oposición lo llegamos a decir hasta con nostalgia.  Antes participábamos por convicción ahora lo único que interesa al participar son los beneficios personales que traería consigo el afiliarse a un partido o participar en sus campañas electorales.

 

El sistema de partidos en México se modificó radicalmente.  Los que antes eran los partidos consolidados, grandes los llama la gente, ahora son la oposición.  Una oposición muy disminuida en votos, lo que desde luego afectó sus finanzas.  Por eso no quisieron aprobar la iniciativa.  Sus finanzas, principalmente nutridas con dinero público, se irían casi a la banca rota.  Dejarían de ser los negocios en que se convirtieron.

 

Se cerró este capítulo, pero no el caso.  Seguro el oficialismo insistirá y la oposición de aliados tradicionales del lopezobradorismo como el PT o coyuntural como el PVEM, tendrán que reconsiderar porque daño mediático ya empieza hacer ruido.  Se dice, sobre todo en las llamadas redes sociales, que los castigarán en las urnas nuevamente en el 2021.

 

e- mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @ccirior