Por décadas los castigos carcelarios han sido y son para los inocentes y para los auténticos opositores a quienes les prefabrican delitos con tal de neutralizarlos, destabilizarlos, amedrentarlos y aniquilarlos. El 62 por ciento de los presos que hay en el país están recluidos por robos que no exceden los dos mil pesos, revela un estudio elaborado por la Pastoral Penitenciaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM). El análisis destaca que esta situación pone a las prisiones mexicanas en la cadena de injusticia en la que más violaciones a los derechos humanos se cometen.

 

En cambio a los genocidas de todo el mundo hasta los premian con galardones tratando de engañar a toda una comunidad internacional, pues desde la revuelta revolucionaria de 1910 han ocurrido asesinatos a mansalva con alevosía y ventaja y con todos los agravantes para todo un país, y nunca han sido castigados los actores intelectuales ni los materiales, desde esas fechas en forma misteriosa han encontrado la muerte miles de personas que se dedicaban a ejercer sus derechos constitucionales tanto escribiendo columnas, reportajes, notas periodísticas y policiacas, quienes a través de periódicos escritos o digitales se expresan y/o publican algunos acontecimientos reales en cuanto a la inseguridad, narcotráfico, actos de corrupción y sobre todo la sistemáticas violaciones a los derechos humanos, que prioritariamente se ejercen por servidores públicos de los tres niveles de gobierno, sin embargo resulta doloroso para todo un país que muchos servidores públicos en lugar de cumplir con sus más elementales obligaciones desde el primer día de su mandato constitucional se dedican a torturar, a asesinar, a robarse las licitaciones públicas, a adjudicarse las concesiones de la nación, a promover el saqueo indiscriminado de los recursos públicos que son destinados a la obra pública, a mejorar los servicios primarios y a programas prioritarios dañando con estas acciones a más de 120 millones de mexicanos(as) evitándoles su desarrollo, su derecho a la salud, a la educación y a proyectos productivos, a estos individuos los protegen con todo el poder del estado en lugar de que la interpol que cobra muy bien su salario y viven como sultanes se dediquen a cumplir la mal llamada ficha roja que según expiden a nivel mundial para detener a los delincuentes.

 

Se dice que el señor DUARTE tiene negocios y demás intereses en la hermana república de Guatemala y en ¿Cuantos más países? Y a este señor supuestamente no lo detenían porque la PGR en México nunca lo solicito, según versiones de la Titular de la Fiscalía de Guatemala; estamos convencidos que los 32 Ex Gobernadores están en la misma o peor situación que el fenómeno Duarte, incluso hay informes de la Auditoria Fiscal de la Federación sobre miles de millones de pesos de recursos públicos desviados en cada sexenio por más de la mitad de las gubernaturas que a través de supuestas devoluciones a la federación han tapado sus ilegales actuaciones, y la Procuraduría General de la República conoce de todas estas actuaciones incluso documentadas, pero es omisa y permite la IMPUNIDAD.  Así que amables lectores una vez más reiteramos que el tan trillado Fiscal Anticorrupción todavía no nace y ya está muerto  y todos los habitantes de este planeta tendremos que seguir sufriendo los embates de la corrupción en sus diversas modalidades y formas, en México del ayer y de hoy sufrimos la corrupción más despiadada y cruel de las últimas cuatro décadas.

 

Por estas manifestaciones es saludable recomendar que en México se debería de dar vida a un organismo autónomo donde sus integrantes desde la mayor jerarquía o la mínima sea por insaculación y ante la fe de un notario público denominándose El Defensor del Pueblo, integrado por hombres y mujeres de pensamiento libre de los medios de comunicación, sectores de comercio, asociaciones civiles con trayectoria de por lo menos 30 años ejerciendo actividades sociales no lucrativas y que el Congreso de la Unión deje de conocer de actividades propias que le corresponden a los ciudadanos mexicanos.

    

El Gobierno de México ya le falló a su pueblo y los actos de corrupción de los integrantes de las instituciones aumentan considerablemente. Urgen resultados y sobran justificaciones, que tanto les gustan a las autoridades, del por qué los datos no son tan graves o de cómo los aumentos no son tan relevantes. Asimismo debemos recordarles que los ciudadanos no andamos con armas, escoltados, en autos blindados y nos encontramos a expensas de ser robados, secuestrados, nados o desaparecidos, cada vez que salimos de nuestros hogares. Los mexicanos vivimos con miedo y los datos apuntan a que sus acciones no logran mejorar nuestra seguridad.  

 

 

C. Isidro Sánchez Piedra,

Defensor de Derechos Humanos  

 

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