Se dice que en México la educación es laica y gratuita, por lo menos así lo garantiza el artículo tercero constitucional, pero en los hechos el gobierno federal y el de los estados no asumen su responsabilidad y solo destinan menos de 1% de recursos públicos para financiar la educación del mundo escolar, pues la realidad es que el 99% del costo educativo es aportada y costeada por los tutores y/o padres de familia, quienes cada ciclo escolar son víctimas de sobornos y grandes afectaciones a su economía familiar, puesto que ya se volvió un pingüe negocio $$$$ para directores y grupúsculos denominados sociedades de padres de familia quienes en complicidad con las autoridades educativas imponen cuotas por concepto de inscripciones y/o prescripciones a cada padre de familia, y por cada uno de los alumnos son miles de pesos los que se reúnen, y lo grave de todo esto es que estos recursos privados nunca son fiscalizados ni transparentados desconociendo su destino, ya que los templos de la educación están en pésimas condiciones por falta de mantenimiento; y a esto le agregamos los desastres naturales que actualmente dañaron severamente los inmuebles educativos y sin que medie de por medio ningún protocolo de prevención y garantía de seguridad, aun con todo el riesgo autorizaron que los alumnos regresarán a clases, acciones que también son motivo de sanción.

 

Aquí daremos un breve resumen de los cuantiosos gastos que tiene que erogar en su totalidad el 99% de los tutores y padres de familia: un par de Tenis por cada alumno, un par de zapatos por cada alumno, tres uniformes por cada alumno, accesorios de papeleria, compra de libros adicionales solicitados por maestros, gastos de transporte y de alimentación, todo esto oscila en un aproximado de $15,000.00 en solo el inicio de clases, más $5,000.00 mensuales para gastos durante el periodo de clases, si tomamos un breve parámetro de que el 99% de padres de familia gana uno o dos salarios mínimos sin ninguna otra prestación social estaríamos pensando que la mayoría de las familias tiene que vivir toda su vida endeudada y comiendo solo una vez al día con tal de costear los onerosos gastos educativos, y de la atención a la salud ni hablamos, pues nada les queda de su salario para atender ese elemental derecho, y todo porque los aportes obligatorios del estado y sector privado siempre se han reducido a una décima de todo este mundo de gastos, estamos convencidos de que cada persona o familia tiene que cumplir sus más elementales obligaciones, pero también el estado mexicano y el sector privado este último que como negocio tiene en su poder y arbitrio a gran parte del sector educativo y estas lindas personas siempre están incrustados en las más altas esferas del poder público con el objetivo de eludir el pago de impuestos y el otorgamiento de becas que por ley les corresponde aportar, es obvio que los servidores públicos federales y estatales tienen la obligación de vigilar y sancionar a quienestransgredan las leyes en agravio de más de un millón de habitantes como lo es el estado de Tlaxcala, en específico en cada entidad federativa existen una gama de servidores públicos muy numerosa que por cierto ganan muy bien por no hacer nada que deberán de vigilar desde el secretario de educación pública hasta el titular de la Dirección de Educación Media Superior y Superior, sin embargo estos dos servidores públicos se dedican a todo menos a cumplir con sus más elementales obligaciones, y a consecuencia de estas omisiones, hace algunos días los integrantes y directivos de la Asociación Regional Liberación en pro de los Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Políticos, A.C., solicitaron oportunamente la intervención del señor Secretario de Gobernación, Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, y este a su vezgiró instrucciones precisas al Titular de la Unidad de Enlace Federal y Coordinación con Entidades Federativas, Lic. Alejandro Osuna Rivero, para que este interviniera oportunamente ante las autoridades educativas responsables en el estado de Tlaxcala, sin embargo el Dr. Manuel Camacho Higareda y Mtro. Benito Islas Rodríguez, estos dos servidores públicos optaron por lo más fácil y sencillo, dar respuestas salomónicas y llanas en lugar de dar respuestas legales, motivadas y adecuadas según la problemática expuesta. Por último a petición de padres de familia la organización citada también ha pedido en reiteradas ocasiones al Congreso del Estado se envié un exhorto al secretario de educación pública federal para que este servidor público y los miles de servidores operativos cumplan con sus más elementales obligaciones, pues es justo y necesario que el pleno de legisladores locales puedan llamar a comparecer a estos servidores públicos a la tribuna más alta del estado para que comprueben sus actuaciones y omisiones referente a la autodenominada sociedad de padres de familia que tienen incrustada dentro de la secretaria pública federal y se les practique una auditoria externa de los últimos veinte años sobre los recursos impuestos en cuotas escolares a cada padre de familia y cuál ha sido su aplicación final, y se coadyuve con las autoridades competentes para el deslinde de responsabilidades y la aplicación estricta de las leyes, además de llevar a Juicio Político a los servidores públicos involucrados y responsables de violentar el derecho a la educación, Dr. Manuel Camacho Higareda, Secretario de Educación Pública y Director General de la U.S.E.T. y Mtro. Benito Islas Rodríguez, Director de Educación Media Superior y Superior, en el estado de Tlaxcala.

 

 

  1. Isidro Sánchez Piedra,

                      Defensor de Derechos Humanos