Por décadas el sistema político mexicano ha combatido con toda la fuerza del estado a todo aquel ciudadano que se organiza para reivindicar, acceder, defender y hacer efectivos los Derechos Humanos, y a pesar de cumplir ya 69 años del surgimiento de la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, proclamada por el pleno de la Organización de Naciones Unidas (ONU) el 10 de Diciembre de 1948, tratado internacional que el gobierno de México se comprometió a cumplir y hacer cumplir, las cosas siguen igual o peor que hace muchos años, y no es nuevo que hoy se diga que los tres niveles de gobierno tienen que impulsar trabajos para garantizar la protección de las y los defensores de derechos humanos, al igual que a los periodistas que difunden con veracidad lo que pasa en nuestro país.

 

Asumir esta responsabilidad como política de estado es puro formulismo, una pieza decorativa y un eslogan publicitario, pues hagamos un recuento de hechos en los últimos veinte años, ya que por diversos motivos y en forma violenta han sido asesinados(as) muchos activistas defensores de derechos humanos, y el pueblo de México sigue expuesto a sufrir violaciones graves a sus Derechos Humanos, de todas clases sociales y de diferentes sectores han padecido y siguen padeciendo las consecuencias de un gobierno arbitrario, simulador y antidemocrático;  en el pasado el gobierno se cuidaba un poquito de no realizar actividades extrajudiciales contra las y los defensores de derechos humanos con el fin de obstruir su labor altruista pero en los últimos años ha sido tanto su cinismo y descaro que les aplica toda la fuerza del estado y ningún organismo intergubernamental, ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos , ni la CONAPRED han podido parar estos delitos de lesa humanidad, porque no cumplen sus funciones para propiciar que los tres niveles de gobierno y caciques de la región consideren respetar, apoyar y garantizar las actividades altruistas de las y los defensores de derechos humanos, tenemos leyes pero estas nunca se aplican para favorecer la integridad física, moral y psicológica de las y los defensores de derechos humanos, y la de sus familiares y amigos, tan es así que año con año diversos sectores de la sociedad han venido  solicitado a los tres niveles de gobierno acciones contundentes, concretas, de transparencia y de cooperación,  como un estímulo a las actividades de estas personas, pero los poquitos que quedan en todo el país podríamos contarlos con los dedos de las manos pues en su gran mayoría han fallecido por inanición, por marginación y son víctimas de un cerco gubernamental que se les ha impuesto por la indolencia de sus autoridades.

 

Los beneficios de la nación y de los recursos públicos los siguen disfrutando hasta el día de hoy únicamente las 24 familias oligárquicas en este país; el día viernes 8 de diciembre en el editorial de un prestigiado diario nacional se comentó que las autoridades deberían forzosamente hacer políticas de estado para proteger según ellos a los defensores de derechos humanos, estamos convencidos que si el gobierno no respeta o no ha respetado nunca los espacios que legítimamente le corresponden a los ciudadanos, mucho menos les garantiza sus derechos, uno de tantos ejemplos, durante muchos años han erogado miles de millones de pesos de recursos públicos para darle vida según ellos a un Fiscal Anticorrupción y si ustedes analizan en resumen todos los trabajos que supuestamente han realizado los legisladores federales concluimos que solo han gastado un dinero público pero no han generado alguna productividad, el supuesto Comité Nacional Anticorrupción ya cumplió un año sin realizar ninguna actividad productiva para el país y a cada momento nos dicen que este organismo está conformado por ciudadanos y nosotros estamos convencidos que así es pero por ciudadanos(as) que nada tienen que ver con trabajos sociales mucho menos con trayectoria comprobada de años al servicio de la nación, nos referimos al INE y hasta el autodenominado Fiscal Anticorrupción, organismos que no están ciudadanizados y nada tienen de serios, ni mucho menos de productivos, y así quieren que nos traguemos sus mentiras del desarrollo.

 

Ahora nos traen un nuevo cuento, que el precandidato a la Presidencia de la República no es partidista para pretender maquillarlo de ciudadano novedoso, constructivo y alternativo, cuando   es bien sabido que este personaje es un incondicional del sistema político mexicano que ha servido, sirve y servirá a los ilegítimos intereses de las 24 familias más ricas de este país, y que además representa la continuidad de un sistema político caduco, trasgresor de leyes y violador de derechos humanos; recordaran las promesas tradicionales de campaña del señor Peña Nieto, quien argumento una y muchas veces que terminaría con la violencia en todo el país y que sucedió en lugar de terminar con este flagelo aumento terrible y despiadadamente, también dijo que se combatiera la delincuencia, pero solo saco de los cuarteles a los altos y medios mandos militares y estos a su vez enviaron a los soldados rasos de buena voluntad a combatir al supuesto narco mexicano y dolorosamente han caído policías federales, soldados y hasta marinos y la delincuencia cada día va en aumento, y lo que si es cierto, son los billones de dineros públicos que se han erogado en la supuesta prevención y el combate de los delitos,  incluso hace unos días el comandante supremo envió una supuesta ley que serviría de marco normativo para las fuerzas armadas cuando en realidad es para institucionalizar las violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos sin partido, sin padrinos, sin amigos en el gobierno, quienes se encuentran en el más completo estado de indefensión siendo más de 120 millones de mexicanos(as).

 

Por este medio reiteramos una vez más que no permitiremos más violaciones a los derechos humanos y que actuaremos sin descanso hasta erradicar prácticas ilegales y que los verdaderos delincuentes reciban su castigo.

 

 

  1. Isidro Sánchez Piedra,

 

Defensor de Derechos Humanos                      

 

 

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