Se dice que en Tlaxcala existen 530 organizaciones sociales con registro federal CLUNI, y otras 70 sin registro, como lo son las de los transportistas, las de los sectores campesinos, las de comerciantes, las sociedades de padres de familia, etc., siendo así las cosas son aproximadamente 600 organizaciones activas trabajando en favor de las causas sociales por décadas, que de una manera u otra contribuyen a incidir en el desarrollo y crecimiento del estado, quizás unas muy poco, y otras sustancialmente, todo dependiendo de la infraestructura y los medios con los que cuentan, pero al final de cuentas lo importante es el alto sentido de responsabilidad y convicción de servicio; sin embargo algunos gobiernos les es irrelevante el esfuerzo y trabajo social que aportan miles de hombres y mujeres incorporados en lo que le llaman el Tercer Sector. Por ejemplo, el gobierno de CANADÁ si apoya a las organizaciones sociales, tan es así que ya son Un Millón de organizaciones sociales las que coordinan actividades con su gobierno. En Estados Unidos, hay Dos Millones de organizaciones activas trabajando en coordinación de su gobierno. Y en México se dice que tan solo existen Cuarenta y Dos Mil Organizaciones, sin apoyo gubernamental y sin coordinación alguna; la Organización de las Naciones Unidas tan solo tiene registradas a 200 organizaciones de la sociedad civil mexicanas, esto vislumbra la necesidad del gobierno de México a reconsiderar su errónea política respecto a las relaciones institucionales y coordinación con el Tercer Sector.    

Entendemos que las luchas milenaria de hombres y mujeres incrustados en diferentes sectores de la sociedad, han sido permanente con tal de lograr el desarrollo armónico y progresista de sus comunidades y estados, sin embargo estos y otros trabajos han sido soslayados, ignorados y reprimidos por los tres niveles de gobierno, en lugar de coadyuvar y coordinar actividades con ellos para que juntos se logren mejorar las condiciones de vida de la población en general; los bienes, dineros públicos y servicios de la nación siempre deberían estar al servicio de sus habitantes, pero es preocupante que en Tlaxcala más de cinco mil personas sigan abandonas por sus gobiernos por el hecho de ser parte de una u otra organización, se imagina usted amable lector lo que cuesta físicamente, moralmente y económicamente darle vida a una asociación civil, actualmente entre cuarenta y cincuenta mil  pesos, dineros privados que salen del bolsillo de las personas que menos tienen, y al final de este costoso y tortuoso camino se encuentra uno en completa desolación por la indolencia gubernamental, por ello durante catorce meses y nueve días que hoy se cumplen, diversas organizaciones sociales de Tlaxcala han insistido por diversos medios en la posible firma de convenios que garanticen seriedad, honestidad, transparencia y ejecución de los compromisos, en beneficio de la población en general, pues nada más se solicita, que tanto el gobierno federal, como el estatal y municipal cumplan con sus más elementales obligaciones en beneficio de los grupos más vulnerables del estado; es preocupante como grupos caciquiles incrustados en los 60 municipios del estado impiden el sano desarrollo de las comunidades, realizando actos de desinformación, desorientación y desestabilización,  para imponer a sus incondicionales en los puestos de elección popular.

De fuentes dignas de crédito se nos informó que diversas organizaciones sociales de Tlaxcala y defensoras de derechos humanos, con sus propios recursos están realizando labores de concientización en los diversos municipios del estado, con el objetivo de que en el año 2021 cuenten los electores con pleno conocimiento de la trayectoria e ideología de los que aspiran a ser candidatos, y así mismo puedan decidir cómo emitir su sufragio y a favor de quien, porque en las últimas décadas los votos son diferenciados a excepción del 2018 donde el voto se dio en forma vertical, esperamos que muy pronto los electores reflexionen y determinen con objetividad quien nos pueda representar legítimamente y nos garantice el desarrollo integral de nuestro estado, tendrá que ser una o un digno representante tanto del poder ejecutivo, como del poder legislativo federal y estatal.

Como en todo, también existen hombres y mujeres oportunistas que están en el asecho de cualquier mínima oportunidad para filtrarse y dar el salto en cargos por designación, tanto en los partidos políticos, como en el gobierno del estado y municipios, son personas muy conocidas por sus actuaciones de carácter individualista y fines netamente personales, que nunca representarán el interés común, mucho menos garantizaran el desarrollo del estado, y dadas estas circunstancias es necesario continuar con la información hacia la población para que ellos sepan y conozcan a las personas que no les van a representar sus legítimos intereses, porque solo pretenden llegar al poder para enriquecerse.

 

 

Isidro Sánchez Piedra,

Defensor de Derechos Humanos