Desde hace ya varios años, aproximadamente 34, empezó la violencia contra las mujeres en el estado de Chihuahua, y ante las grandes omisiones del gobierno federal y de los estados este delito de lesa humanidad fue creciendo en forma vertiginosa y hoy es un monstruo de mil cabezas; han sido nulos los intentos para poder frenar esta barbarie, también han sido muchos miles de millones de pesos destinados a la supuesta prevención de este delito sin poder dar resultados; ya incluso existe la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia.- Titulo Primero, Capítulo I, Artículo 1.- Que a la letra dice: La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia, que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero de nada ha servido, pues la seguridad y la vida de las mujeres están en completo riesgo, ser mujer en México es caminar sobre el filo de la navaja, es estar en completo estado de indefensión.

 

Las Omisiones de las autoridades del Poder Judicial son en gran parte la parte fundamental de la violencia hacia las mujeres, muchas víctimas por miedo callan y aguantan la violencia, otras porque sienten que su realidad es la vida que les tocó vivir y que no tienen el derecho a pensar lo contrario, pero que pasa con las pocas que pierden el miedo acudiendo a denunciar ante las autoridades, ni siquiera ellas tienen la garantía de que se les brinde protección a su seguridad y a su propia vida; ellas, las miles de mujeres víctimas de violencia piden a gritos el auxilio de la sociedad. En el caso de Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio de hace unos días, así como muchas otras acudió a pedir el apoyo de las autoridades y de nueva cuenta las autoridades judiciales no intervinieron en tiempo y forma para darle seguridad y evitar su lamentable muerte el pasado 9 de febrero, por manos de su pareja sentimental, la crueldad del feminicidio no tiene límites. También hace ya 9 años Maricela Escobedo Ortiz, activista de Ciudad Juárez, Chihuahua, fue asesinada con arma de fuego el 16 de diciembre del 2010, fuera de Palacio de Gobierno, en la ciudad de Chihuahua, cuando exigía castigo a los responsables de desaparecer y matar a su hija Rubí, de 16 años de edad. Otra víctima más es Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada y El Norte, quien fue asesinada mientras esperaba a su hijo para llevarlo a la escuela, el 23 de marzo de 2017.

 

En estos tres casos, por mencionar algunos, existe una brutal impunidad ya que jamás se han esclarecido los hechos, mucho menos se ha castigado a los responsables, y mientras la ley o leyes no se apliquen los delincuentes seguirán desenfrenados y cometiendo aberrantes delitos, y la pregunta obligada ¿Qué hace la Fiscalía General de la República y las Fiscalías de cada una de las entidades federativas? ¿Qué hacen los organismos encargados de defender y garantizar los derechos humanos? ¿Qué hacen específicamente los institutos estatales de la Mujer y el INMUJERES? para parar de tajo esta problemática de delitos de lesa humanidad, en el caso específico de la Ciudad de México respecto al asesinado de Ingrid Escamilla denuncio siete meses antes y las autoridades como siempre omisas, habrá que fincarles responsabilidades, porque con sus omisiones se convierten en cómplices del o de los delincuentes.

 

Urge se diseñe un proyecto con protocolo confidencial que de refugio, protección y seguridad a la Mujer y a los niños(as), cuando son víctimas de violencia en el hogar, hasta que se resuelva integralmente la problemática familiar, en las instancias judiciales de acuerdo a las leyes vigentes; este proyecto debe ser administrado y vigilado por los ciudadanos especialistas de organizaciones de la sociedad civil, que incluso deben de manera preventiva impulsar cursos sobre valores y brindar servicios de terapias psicológicas familiares, servicios de pedagogía y de autoestima; además de brindarles alimentación y educación a los niños(as) durante su estancia en dicho refugio.

 

Isidro Sánchez Piedra,

 

Defensor de Derechos Humanos