Los medios de comunicación cumplen (o deberían cumplir) con diversas funciones, entre las que se encuentran informar, entretener y hasta educar, pero estos no siempre las llevan a cabo por diferentes circunstancias, ya sea por falta de presupuesto, candados en su legislación o simplemente, por un manejo político- económico.

 

El 1 de diciembre de 2018, México entró en una nueva etapa con la llegada de un gobierno (federal) distinto, de izquierda, lo cual generó incertidumbre por cómo manejaría la economía, la seguridad pública, el combate a la pobreza o el respeto que tendría a la libertad de expresión y su relación con los medios.

 

Cámaras y micrófonos

 

La Cuarta Transformación, así se autodenominó el régimen encabezado por Andrés Manuel López Obrador, quien llegó al poder después en su tercer intento por alcanzar la silla presidencial, tras una última campaña relativamente fácil, donde obtuvo 30 millones de votos, gracias al crecimiento en las encuestas que alcanzó a lo largo de los años y de una estrategia por “tierra” que lo llevó a recorrer los más de 2 mil 400 municipios que hay en el país.

 

En los días posteriores a su triunfo, AMLO delineó su plan de comunicación, basado en la información periódica y permanente, con el propósito de no dejar vacíos que pudieran ser llenados por sus contrincantes. Así pues, al asumir el cargo, las conferencias “mañaneras” se convirtieron en el sello de la administración morenista, pero también, éste se amplió a otros frentes.

 

Oficialismo mediático

 

Periodistas reconocidos como Jenaro Villamil, Sanjuana Martínez, ocuparon posiciones dentro de uno de los brazos propagandísticos que tiene el gobierno: El Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), organismo descentralizado creado con la finalidad de “proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional, a efecto de asegurar el acceso de más personas, a una mayor oferta de contenidos plurales y diversos de radio y televisión digital”.

Dicho está conformado por el Canal 22 (Conaculta), el Instituto Mexicano de la Radio (IMER), Radio Educación, Canal 14, Canal 11 (Instituto Politécnico Nacional), Televisión Educativa, la agencia Notimex y la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC).

 

Y aunque el espíritu de la ley establece que este tipo de medios son para el bien de la gente, en la práctica han sido utilizados –en el mejor de los casos- por los gobiernos en turno para algún fin político o electoral, en otras ocasiones, han sido abandonados o empleados para cometer actos de corrupción como el desvío de dinero.

 

Los vicios del pasado

 

Hoy, estos medios públicos empiezan a caer en errores del pasado, es decir, a parcializar la información en sus espacios noticiosos, restringir la pluralidad y las críticas hacia el presidente en turno y algo nunca antes visto ni escuchado, la transmisión de programas enfocados a la comedia, en específico a parodiar a quienes han mostrado su animadversión a la llamada 4T.

 

Me Canso Ganso y La Maroma, son dos productos de nuevo lanzamiento en el Canal 22 y 11 respectivamente, en donde el humor político se inclina hacia la exhibición y burla de los detractores de López Obrador, situación que podría ser normal en cualquier medio comercial (o privado), pero no en uno público, ya que el SPR es financiado con los impuestos de los mexicanos y por lo tanto, debería estar lejos de filias y fobias de todo tipo.

 

La crisis por la que atraviesan los medios tradicionales (en general), se debe en buena medida a sus malos contenidos, poco innovadores o atractivos; sin embargo, aunque el SPR  ejercerá este año alrededor de 205 millones de pesos, no todo está perdido, pues las nuevas tecnologías y los jóvenes productores podrían reimpulsar a una industria en declive y sometida –por desgracia- a los caprichos políticos.

 

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