De acuerdo al reporte del portal Semáforo Delictivo, dado a conocer en julio pasado, en el primer semestre este año en el país hubo un incremento en delitos tales como: extorsión 35 por ciento; violación 12 por ciento; robo a negocio 11 por ciento; feminicidio 9 por ciento; violencia familiar 6 por ciento; homicidio 4 por ciento; lesiones 4 por ciento y secuestro 2 por ciento. En contraparte, en este mismo periodo, bajaron los rubros de: robo de vehículo 11 por ciento y robo a casa 2 por ciento.

 

En este sentido es preciso recordar que la inseguridad es un problema en extremo serio. Mientras no sea resuelto, será menos que razonable esperar un progreso sostenible y consistente. Simplemente no tiene sentido querer bienestar económico, cuando el bienestar físico es atacado consistentemente.

 

Si desmenuzamos la razón de ser del Estado, llegaremos a la conclusión de que antes que cualquier otra cosa, la salvaguarda de los intereses personales del individuo es la causa esencial de su existencia. Sin gobierno, en la sociedad no existirían garantías del bienestar propio, pues se estaría sujeto a la voluntad de los demás.

 

Por ejemplo, sería una posibilidad absoluta que alguna persona entrara a la casa de cualquiera de nosotros sin permiso y se adueñara de ella. Viviendo así, es lógico que surgieran asociaciones de personas dispuestas a defenderse mutuamente. Tal y como ha ocurrió en algunas entidades del país. Quienes vivimos en sociedad tenemos una prioridad muy clara, que es nuestra protección, la de nuestras personas y la de nuestros bienes.

 

Este es el requisito básico para la sociedad y la razón de fondo para querer un gobierno, alguien que pueda asegurar de manera razonable nuestras vidas. Lo demás es accesorio a este objetivo básico. Desde luego, la única manera para que esa defensa de las vidas y propiedades de los ciudadanos pueda realizarse es la concesión de un poder extraordinario al gobierno, que es el poder de usar la fuerza.

 

Este poder es necesario para poder cumplir con la función de cuidar la vida de los ciudadanos. Sin uso de la fuerza no sería posible arrestar, enjuiciar, ni poner en prisión a quienes dañan a los demás.

 

Pero este poder para usar la fuerza es tan grande que debe ser limitado sobre la base de leyes que protejan la vida del ciudadano, pero también impidan el abuso del poder del gobierno. Dado el poder para usar la fuerza, se necesita una serie de reglas que guíen el uso de esa fuerza. Esas normas, desde luego, surgen de un principio esencial, la dignidad de la persona humana.

 

Si todas las personas son dignas, eso significa que nadie tiene el derecho de atacar esa dignidad y que quien lo haga se coloca fuera de esas reglas y debe ser castigado. La razón del castigo es doble, por un lado se trata de reparar el daño causado y por el otro se intenta prevenir actos similares futuros.

 

El mecanismo no es complejo de comprender y, sin embargo, es frecuentemente soslayado por muchas autoridades. México es ejemplo de la mala aplicación de la función esencial del gobierno. Y resulta lógico que si al tener esa falla surja su consecuencia lógica, mayor criminalidad.

 

Por ejemplo, es sabido que muchas de las corporaciones policiacas en este país no funcionan adecuadamente, es por ello que los criminales saben que tienen pocas probabilidades de ser atrapados y si lo son, sus condenas son mínimas.

 

En fin, un gobierno tener un gobierno que ha descuidado su función esencial de proveer la seguridad de los ciudadanos, es como tener automóvil sin volante que no nos lleva a ninguna parte. No importa que ese vehículo sea último modelo, pues no cumple con lo que debe.

 

Ante ello, es primordial que las autoridades de los tres niveles de gobierno se apliquen y retomen adecuadamente una de las funciones principales de todo gobierno: la salvaguarda de la integridad física y material de la sociedad.

 

No es fácil, cierto, pero si no se comienza ahora, el cáncer de la criminalidad presente en varias ciudades y estados de la República mexicana hará metástasis en todo el país.