Prácticamente desde el inicio del presente sexenio los índices de inseguridad se incrementaron considerablemente en cada uno de los rubros. Secuestro, asaltos, robos, feminicidios, crímenes relacionados con la delincuencia organizada, etc.

 

En este sentido, es importante recordad que la seguridad es una de las funciones principales del Estado. El hombre, según Rousseau, Locke y Hobbes, se une en sociedad para protegerse de otros y de sí mismo. El hombre le otorga al Estado la facultad para ejercer la violencia con el fin de garantizar el orden y la paz dentro de cada sociedad organizada.

 

En un principio fueron los hombres fuertes de una comunidad, después los señores feudales y el rey o emperador; hoy día, es el Estado moderno el que asume esta responsabilidad, basándose en una normatividad que establece las conductas aceptadas que permiten la convivencia civil, así como un aparato que busca garantizar y ejercer estas reglas y castigar a aquellos que deciden transgredirlas.

 

Los Estados democráticos contemporáneos presuponen la existencia de un estado de derecho que no solo regula la convivencia entre los ciudadanos, sino que también limita el poder del Estado para ejercer la violencia. Se supone que éste no usará la represión, ni buscará el orden público a cualquier costo.

 

Existen condiciones y pasos que deben seguir. En el caso mexicano, todos estos quedan incluidos dentro de la Constitución, los códigos penales, los códigos de procedimientos penales y otras legislaciones que esbozan los derechos y obligaciones del ciudadano frente al Estado.

 

Es importante subrayar este último punto porque la existencia de seguridad no significa necesariamente la vigencia del estado de derecho, ni que esta seguridad vaya acompañada de justicia. Es por ello vital recalcar que no es suficiente que una política garantice seguridad. Si ésta no genera justicia, ni adhesión a las leyes de la nación y pasa por alto los derechos humanos y las garantías constitucionales, es una política que no cumple con su cometido.

 

La seguridad tiene que ir de la mano de la justicia y el estado de derecho. Las políticas que no responden a esta necesidad no son congruentes con la normatividad que regula el respeto a los derechos de la población.

 

Una de las primeras complicaciones hablar de la seguridad pública es que no hay una definición única y precisa acerca de lo que es. Prácticamente cada experto o aprendiz del tema tiene una definición distinta, dependiendo de sus funciones, objetivos, intereses e inclinación política.

 

Sin embargo, es posible hacer ciertas generalizaciones. Por ejemplo, cuando se habla de seguridad cada quien la percibe a su manera; esto se debe a la naturaleza dual de este término. Tiene tanto una connotación objetiva, como una subjetiva; es decir, al hablar de seguridad, cualquier tipo de seguridad, no sólo se hace referencia a la realidad palpable, sino también a una percepción individual o colectiva sobre el tema.

 

Por consiguiente, tomar en cuenta la percepción ciudadana es crucial para las políticas de seguridad pública. No siempre sucede que las zonas con menores índices de criminalidad sean las zonas dónde los ciudadanos dicen sentirse más seguros, y viceversa.

 

Es importante recalcar este punto porque cualquier política encaminada a mejorar la seguridad de los ciudadanos tiene que tomar en cuenta el carácter subjetivo de la seguridad y diseñar estrategias no sólo para disminuir el número de delitos cometidos, sino para que los ciudadanos se vuelvan a sentir seguros y regresen a los espacios públicos.

 

Se puede decir que para el Estado mexicano la seguridad pública es un servicio que está obligado a extender a la ciudadanía, pero también una función que está habilitado para ejercer. La condición de seguridad pública significa el orden y paz pública, en el que estén garantizados tanto la integridad física y los derechos de los individuos y sus bienes, como la reparación del daño para las víctimas de un delito.

 

Es decir, no es suficiente garantizar la estabilidad del gobierno y sus instituciones, sino también crear las condiciones, mediante la prevención y castigo de la delincuencia, para que los individuos puedan gozar plenamente de los derechos que la Constitución mexicana les otorga.