El talón de Aquiles de este régimen es la corrupción. Secretarios de Estado, el mismo Presidente, gobernadores, y de ahí para abajo este es un fenómeno en un rango habitual.

 

Es corrupta la autoridad que usa el dinero público para beneficiar sus intereses o para favorecer a su grupo. Es corrupta la autoridad que permite policías involucrados con los criminales. También lo es aquella que deja de involucrarse en los temas de urgente solución, aduciendo falta de presupuesto o insuficiencia de personal.

 

¿Cómo se combate la corrupción?

 

Alejando el espectro de la impunidad. El que la hace, no importa su influencia, tiene que acatar el peso de la Ley. El corrupto debe ir a la cárcel y obligarse a reparar los daños causados.

 

Por tercera ocasión, la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) realiza el estudio llamado “Índice Global de Impunidad”.

 

Resulta que nosotros en Tlaxcala hemos comenzado a aparecer dentro de las entidades federativas con altos índices de impunidad, según han hallado los autores de esta investigación.

 

Para ser claros, aquí carecemos de suficientes jueces para atender una elevada cantidad de denuncias. Y las que se presentan acaban siendo improcedentes por aquella infame razón: insuficiencia de jueces, de ministerios públicos, y a causa de policías faltos de capacitación.

 

Esto significa que la gente como usted o como yo, opta por no denunciar pues de antemano sabe que no va a pasar nada. Eso es impunidad.

 

Eso alienta a la corrupción

Acorrala a una sociedad indefensa, desinformada, desalentada; que registra incalculables pérdidas porque los ladrones, al ser atrapados saben que con relativa facilidad recuperan su libertad.

 

Aquí tenemos poco más de un juez por cada cien mil habitantes.

 

Eso sí, tenemos una Ciudad Judicial impresionante. Padecemos a un presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJET) en funciones como parte de un inexplicable patrimonio marianista, presto a defender sus intereses, a aniquilar los brotes de inconformidad por el brutal enriquecimiento haciendo suyos los negocios propios del gobierno, pero no de particulares como finalmente ocurrió.

 

Podríamos decir que no somos los únicos con este grave problema. Hay entidades como Quintana Roo –según versión del propio Rector Derbéz de la UDLA- cuyo gobernador hace un año (Roberto Borges) respondió a la observación del Índice Global de Impunidad (IGI) con un fresco: “en Acapulco están peor que nosotros”. (como quien dice, en tierra de ciegos, el tuerto es rey)

 

Según el IGI, el estado de México tiene menos de un juez por cada cien mil habitantes. Por eso en esa entidad lo mismo delinque un ratero que un policía. Ambos saben que sus víctimas no van a denunciar. Eso es impunidad, pero aparte cinismo. Solamente vean al gobernador Alfredo del Maso Maza, cacareando en pleno proceso electoral el salario rosa, aunque su estado sea el peor a nivel mundial en índices de impunidad.

 

Edomex le gana en impunidad a Filipinas. Con los millones de mexiquenses que son no duden que en el mundo entero haya advertencias para no visitar tan siniestro sitio.

 

El promedio nacional de jueces en Norteamérica es de 3.5 por cada cien mil habitantes.

En Europa han países con más de 16 jueces por cada cien mil habitantes.

 

¿Por qué aquí tenemos una flamante Ciudad Judicial, pero carecemos de los juzgadores suficientes para evitar que nuestra tierra carezca de Ley?

 

¿Por qué en el país tenemos un avión presidencial imponente, con un costo millonario en dólares, pero no tenemos suficientes jueces para parar en seco a la impunidad?

 

¿Quién en su sano juicio querría pasear por una entidad donde el promedio de sentencias por robo bajó de más de cincuenta puntos a veintisiete? Nadie quiere perder su patrimonio mientras pasea por un destino como Guerrero, o Veracruz, o la Ciudad de México (ya del Edomex mejor ni hablamos).

 

¿Cómo nos explicamos que solo dieciséis por ciento de los homicidios logra una sentencia, cuando en 2016 casi llegaba a los treinta? Nadie quiere morir durante un viaje. Pero esa es la imagen que ya estamos dando los mexicanos al exterior.

 

Ahí tienen ustedes la reciente explosión en el ferry de Quintana Roo, propiedad de familiares del ex gobernador Roberto Borges y, razón para que los Estados Unidos recomienden a sus viajeros abstenerse de viajar a ese destino turístico debido al grave nivel de impunidad.

 

Horrible accidente

 

Desde que el camino a Atlahapa se convirtió en el bulevar Gasoducto, el cruce con el bulevar Ocotlán es una trampa mortal.

 

Esta mañana vi como un motociclista se estrelló con un automóvil al querer ganarle el paso.

Eso ocurre todos los días.

 

El gobierno federal alega que es su jurisdicción, pero no hace nada por solucionar este problema. El gobierno del estado se muestra pasivo, y acude solo a atender percances, como el de hoy, pero nada de soluciones definitivas.

 

Es un caso de impunidad.

 

Los peatones, motociclistas y automovilistas afectados, no se quejan porque saben que no encontrarán respuesta.

 

No podemos quedarnos cruzados de brazos ante esta trampa mortal.

 

Me indigna que la delegada o ex delegada del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes –protegida de Miguel Ángel Osorio Chong- hizo fortuna haciéndose tonta en ese puesto, pero nunca atendió problemas como este.

 

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