Con un total de 59.2 mil millones de pesos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador incrementó en 6.3 por ciento el presupuesto en el ramo de seguridad y protección ciudadana para 2020 respecto al año en curso.

 

De acuerdo con el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, el problema de la seguridad tiene que ser atendido de manera “frontal”, a través de los recursos públicos.

 

“Hay un problema de inseguridad en el país, es un problema creciente en lo últimos años, algunos de las ciudades del país están entre las ciudades más violentas en el mundo, es un problema que lastima a las familias mexicanas, que cambia las condiciones en las que vivimos día a día, y que tiene que ser atendido de manera frontal, pero decir que se ataca un problema y no poner los recursos adecuados es caer en demagogia”, señaló en rueda de prensa, luego de presentar el Paquete Económico 2020.

 Por eso, acotó, la seguridad recibe un fondeo adecuado en el presupuesto, mientras que la Guardia Nacional recibirá recursos para dicho objetivo.

 

Según el documento, 2.2 mil millones de pesos serán etiquetados para la Guardia Nacional.

 

Según los Criterios Generales de Política Económica, el 17.5 por ciento de los recursos de los ramos administrativos se concentra en seguridad y protección ciudadana.

 

“Lo anterior para promover la adopción de modelos de justicia transicional, la cultura de paz y la recuperación de la confianza en la autoridad, recuperar el control de los penales, coordinar la ejecución del Programa para la Seguridad Nacional del Gobierno, por medio del Consejo de Seguridad Nacional y, establecer un Sistema Nacional de Inteligencia”.

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG, 2017) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la inseguridad y la delincuencia es el factor más preocupante para los mexicanos, y en segundo lugar es la corrupción, factores que debilitan el Estado de Derecho.

 

“Estos elementos están altamente correlacionados e implican un costo monetario para el país. El Estado de Derecho garantiza los derechos de propiedad de los recursos. Esta garantía es fundamental para la actividad económica, ya que, al igual que los costos de la corrupción, los costos asociados al crimen y a la violencia que enfrentan los negocios en el país también son de los más elevados en el mundo”, advirtió el documento presentado este domingo.

 

El Índice de Competitividad Global (ICC) del Foro Económico Mundial ubica en 2018 a México en el lugar 139 de 140 en términos de los costos de crimen y violencia que enfrentan las empresas.