La Fiscalía General de la República (FGR) acusó este jueves a Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), de daño a la Hacienda pública por 5 mil 73 millones de pesos, luego que la imputada se presentara a declarar en el Reclusorio Sur.

 

El Ministerio Público de la Federación (MPF) solicitó receso de dos horas para precisar a la defensa de la también exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol) los detalles de 27 convenios que Robles Berlanga suscribió durante su gestión en esas dos dependencias.

 

La FGR aseguró que la imputada tuvo conocimiento de movimientos indebidos por parte de diversos funcionarios

 

Así sucedió

Minutos antes de las 10:00 de la mañana, Robles Berlanga entró muy tranquila al Reclusorio Sur, incluso sonreía de vez en cuando. Sin embargo, ya en el juzgado, su semblante se tornó serio y preocupado. Se comunicó con su defensa, integrada por seis abogados.

 

El MPF afirmó la existencia de 27 convenios que suman, en total, 5 mil 73 millones 358 mil pesos desviados por funcionarios de Sedesol y Sedatu cuando Robles Berlanga encabezó estas dependencias. La justicia difundió cuatro nombres que aparecen en esos convenios:

 

José Antonio Orozco Martínez

María del Carmen Gutiérrez Medina

Marco Salvador Ibarra Infante

Armando Saldaña Flores

Estos convenios fueron suscritos con las universidades Autónoma del Estado de Morelos; Politécnica Francisco I. Madero de Hidalgo, Quintana Roo y Chiapas. Además, con la Televisora de Hermosillo, Radio y Televisión de Hidalgo y Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.

 

Robles es acusada de ejercicio indebido de servicio público en modalidad de delito, omisión, dolo directo y autoría directa. La justicia increpó: “Usted tuvo pleno conocimiento, insisto, pleno conocimiento, de la afectación y no lo evitó, teniendo la facultad para ello”.

 

La defensa

Los abogados de Rosario Robles solicitaron al MPF que detalle los montos de cada uno de los convenios, por quiénes fueron firmados, las fechas y el contenido de las notificaciones que se le hizo en su momento a la imputada, entre otra información.

 

Julio Antonio Hernández Barros, defensa de la exfuncionaria federal, informó vía Twitter "que los ministerios públicos de la Fiscalía General de la República no estaban preparados para responder los requerimientos de la defensa", por lo que se estableció el receso de dos horas.

 

En otro mensaje publicado en la red social, calificó como "acto de deslealtad procesal" que la FGR haya entregado este jueves por la mañana un "registro de investigación consistente en una testimonial recabado el 14 de mayo y que no entregó a la defensa en su momento".