El Gobierno del Estado, a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), se encuentra en el tiempo que establece la ley para responder la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en torno al caso de la desaparición de una menor de edad en 2016, cuando se encontraba en funciones la anterior administración estatal.

 

De acuerdo con la recomendación 83/2018 emitida el 27 de diciembre de 2018, el organismo nacional señaló que tras los hechos ocurridos en enero de 2016, fecha de la desaparición de la menor, las autoridades estatales responsables en ese entonces -un año antes de tomar posesión el actual Gobierno Estatal-, cometieron omisiones para la búsqueda y localización.

 

Cabe destacar que la actual Administración del Estado -en funciones a partir de enero de 2017- responderá las recomendaciones de la CNDH con el propósito de que se esclarezcan los hechos que derivaron en estos señalamientos.

 

Cabe señalar durante la actual Administración Estatal la Procuraduría de Tlaxcala ha modificado el protocolo para la activación de las Alertas Amber al simplificar filtros y procedimientos para una ágil e inmediata difusión, lo que ha permitido la localización -en 2018-, de más de 237 menores.

 

Actualmente, la PGJE cuenta con la Unidad de Investigación Especializada de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, conformada por oficiales de la Policía de Investigación y un Agente del Ministerio Público, quienes se abocan a la búsqueda y localización de personas, que incluyen las difundidas por Alerta Amber.

 

Aunado a esto, en agosto de 2018 se publicó el acuerdo para implementar el Protocolo de Atención, Reacción y Coordinación en Caso de Desaparición de Mujeres, Niñas y Adolescentes para el Estado de Tlaxcala (Protocolo Alba), herramienta que robustece el sistema de búsqueda de personas.

 

Con estas acciones, se fortalece el trabajo de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para erradicar cualquier tipo de omisión en los procedimientos de investigación de los diferentes delitos,al enfatizar los casos de personas desaparecidas o no localizadas.