El Secretario General del sindicato del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala (Cecyte), Zenón Ramos Castillo brindó una entrevista a esta casa editorial, en relación a una serie de declaraciones en la que se le acusa de promociones educativas arbitrarias, entre las que se encuentran familiares directos del dirigente.

 

Al respecto de esto el dirigente declaró que en el sindicato se lleva a cabo una política de equidad y procedimientos, en el área correspondiente de los docentes se encuentra un procedimiento establecido para su promoción derivado de la ley.

 

“En base a su evaluación docente se asigna las promoción de las clases correspondientes, en el caso de los administrativos, se lleva una convocatoria en el que se califican varias situaciones, desde su desempeño laboral, hasta la preparación académica”.

 

“En el caso de mi esposa (Beatriz Rugerio) llegó a Cecyte no por mí, ella ha sido evaluada por las instancias encargadas  y en base a eso se le asigna su carga académica”.

 

Reiterando que estas acusaciones son en vías de descalificar su lucha, -a la que considero autentica- pues se encuentran temas pendientes, en el que acuso que en los planteles del Rosario y Unión Ejidal, desde el 30 de enero pasado, se han dado clases de forma ilegal, pues en ambos casos mencionó que se erigen personas como directores que han despedido a personal docente y contratado personal que no cumple con los requisitos que establece la ley.

 

Denunció que la Sección 55 del EMSAD, a través de la coordinación de puestos directivos han violado la libertad sindical, fomentando la afiliación a la misma, además de la falta de atención a los alumnos del subsistema educativo, pues adolecen de puestos como laboratoristas, bibliotecarios y Consejos educativos, a pesar que exista la plaza autorizada y el presupuesto para estos, considerándolos de temas fundamentales, aplazando estos mismos en los pasados cuatro meses sin que exista una regularización.

 

En el tema de las manifestaciones refirió que en múltiples ocasiones se han acercado a las diversas instancias para exigir la resolución, sin que hasta el momento exista alguna resolución, haciendo el señalamiento que en ambos planteles se encuentran actores políticos  y de antorcha campesina, apoyando a los directores.

 

“Los docentes en la evaluación docente, tuvieron un resultado de 93 por ciento de aprobación, en lo que corresponde a la autoridad, tiene la obligación de llevar a cabo una política educativa apegada a la legalidad, tiene la obligación de responder a los derechos de los trabajadores, así como tiene la facultad de exigir y tiene la facultad de otorgar el derecho que corresponde” al tiempo que hizo un llamado a la Secretaria de Gobierno, Anabel Alvarado para dar una solución a esta situación.